Desde que los servicios de streaming comenzaron a dominar el mercado audiovisual aparecieron diferentes plataformas con una gran variedad en los catálogos y es habitual compartir cuentas con familia o amigos para ahorrar costos y aprovechar la oferta de contenido. Hace no muchos años, también se reportaban hackeos a cuentas de estas plataformas: personas que vendían de manera ilegal los accesos a precios inferiores que los que ofrecía la empresa. Las victimas se daban cuenta por un historial no reconocido o por perder por completo el acceso a la aplicación. No obstante, en el estado de Tennessee tienen una ley que contempla este tipo de delitos. Originalmente, se trataba de una penalización por robo de servicios que incluía internet, cable, gas y demás. Con una actualización que se realizó en el 2011, también se incluyen servicios de entretenimiento por suscripción. La norma incluye a los servicios digitales dentro del delito de “theft of services”, regulado en el Código Penal de Tennessee. Esta figura contempla situaciones en las que una persona accede a un servicio sin pagar o sin tener derecho a utilizarlo. Desde una reforma realizada en 2011, el alcance de esta ley se amplió para incluir plataformas de entretenimiento por suscripción, como servicios de streaming, música o contenido digital. Esto implica que, en términos legales, el uso de una cuenta ajena podría encuadrar dentro de este delito si se considera que hay un acceso indebido. Las sanciones dependen del valor económico del servicio utilizado. En los casos más bajos, puede tratarse de un delito menor con penas de hasta un año de cárcel y multas que alcanzan los USD 2.500, aunque en situaciones de mayor gravedad puede escalar a delitos más severos. El objetivo principal de la normativa es combatir el fraude organizado, como redes que roban credenciales o venden accesos a plataformas de forma ilegal. Apunta a esquemas donde hay un beneficio económico sistemático y no a conductas domésticas o informales. Por eso, si bien el encuadre legal existe, su aplicación suele estar reservada a contextos más graves. Esto genera una zona gris entre lo que la ley permite sancionar y lo que efectivamente se persigue. Desde un punto de vista estrictamente legal, compartir una cuenta podría ser cuestionado si se interpreta que el usuario no tiene derecho a acceder al servicio. Sin embargo, en la práctica, este tipo de uso no suele ser perseguido penalmente. Además, muchas plataformas establecen sus propias condiciones de uso, donde limitan el uso a un mismo hogar o núcleo familiar. Estas restricciones, sin embargo, se aplican principalmente a nivel comercial como por ejemplo, bloqueos o cargos adicionales, no penal. En este contexto, el riesgo de recibir una multa por compartir una cuenta con amigos o familiares es muy bajo en la práctica, aunque no completamente inexistente desde el punto de vista legal. La clave está en diferenciar entre un uso personal y un esquema de explotación o reventa del servicio.