

Al pedir la residencia permanente (Green Card) en Estados Unidos, hay un requisito que no siempre se conoce bien: el Gobierno puede negarla si considera que la persona es “probable que se convierta en una carga pública”, es decir, que dependa del Estado para subsistir. Esta regla, conocida como “carga pública” o public charge, se volvió más estricta con un cambio vigente desde septiembre de 2026.
Qué dispone la regla sobre quienes pueden convertirse en una carga pública
La ley de inmigración permite negar la Green Card a quien sea “probable que, en algún momento, se convierta en una carga pública”. La clave está en esa palabra: probable.
No se trata de castigar a quien hoy tiene pocos ingresos o usó un beneficio, sino de hacer una proyección hacia el futuro sobre si esa persona podrá mantenerse por sus propios medios o dependerá del Gobierno. USCIS (el organismo de inmigración) es el que hace esa evaluación en las solicitudes de ajuste de estatus dentro del país.
Qué factores se evalúan
Para hacer esa proyección, el oficial considera, entre otros, estos factores de la persona:
- La edad.
- La salud.
- La situación familiar.
- La situación económica: ingresos, bienes y recursos.
- La educación y las habilidades (que influyen en la posibilidad de conseguir y mantener un empleo).
- La Declaración de Sostenimiento (Affidavit of Support) de un patrocinador, cuando corresponde.

Qué cambió en 2026
La regla vigente endureció la mirada. Desde el 18 de septiembre de 2026, tras dejar sin efecto el esquema anterior, de 2022, USCIS volvió a una revisión más amplia de la situación de cada solicitante.
El cambio más relevante es qué beneficios públicos se tienen en cuenta. Antes se consideraba casi exclusivamente la asistencia en efectivo y el cuidado de largo plazo pagado por el Gobierno; ahora el oficial puede tener en cuenta una gama más amplia de beneficios públicos basados en ingresos que la persona haya recibido, solicitado o tenga aprobados a partir de esa fecha.














