El Gobierno de Estados Unidos confirmó que podrá prohibir todos los tipos de visas a las personas que entren bajo una categoría migratoria específica vinculada al uso de beneficios públicos. La medida impacta en visas de turismo, estudio y trabajo, y puede derivar en cancelaciones inmediatas o rechazos futuros. La decisión refuerza los controles sobre solicitantes y titulares de visas temporales. Además de la revocación del documento, quienes incumplan los criterios podrían enfrentar inelegibilidad permanente e incluso consecuencias penales si se detecta fraude. La categoría en cuestión es la de “carga pública”, que se aplica cuando una persona se vuelve principalmente dependiente del gobierno para su manutención. Esto ocurre, por ejemplo, al recibir asistencia en efectivo para ingresos o al permanecer institucionalizada a largo plazo con gastos cubiertos por el Estado. Si un titular de visa hace uso indebido de estos programas, su visa puede ser revocada y podría quedar inhabilitado para futuras solicitudes. El Departamento de Estado aplica la Ley de Inmigración y Nacionalidad y evalúa cada caso de forma individual. Los oficiales consulares analizan factores como edad, salud, situación familiar, ingresos, educación, habilidades y uso actual o previo de beneficios públicos. Viajar a Estados Unidos por tratamiento médico sigue siendo posible si el solicitante demuestra solvencia económica y que no dependerá del gobierno para cubrir gastos. Ninguna visa se emite hasta que el oficial consular confirme que la persona cumple plenamente con los requisitos legales.