La Suprema Corte mexicana ratificó que ya no será necesario ser ciudadano por nacimiento para acceder a un trabajo clave dentro del sector público en México, en un fallo que cambia las reglas para miles de personas, especialmente para quienes tienen doble nacionalidad o adquirieron la ciudadanía por naturalización. La decisión impacta directamente en un cargo estratégico vinculado al control del gasto estatal. El fallo establece que los estados no pueden imponer requisitos de nacionalidad que no estén previstos en la Constitución federal, lo que abre el acceso a más candidatos y elimina una barrera histórica que limitaba la participación en determinados puestos públicos. La Corte Suprema invalidó una norma del estado de Durango que exigía ser mexicano por nacimiento para encabezar la Auditoría Superior, un organismo clave encargado de supervisar el uso de recursos públicos. Según el tribunal, esta condición generaba una restricción injustificada. El fallo dejó sin efecto parte del artículo 97 de la Ley de Fiscalización Superior local y fijó un criterio claro: solo la Constitución o leyes federales pueden reservar ciertos cargos a ciudadanos por nacimiento, por lo que los estados no pueden agregar requisitos adicionales. Con la eliminación de esta exigencia, el puesto queda abierto a un universo más amplio de personas, incluyendo mexicanos naturalizados y ciudadanos con doble nacionalidad, muchos de ellos residentes en Estados Unidos. Esto amplía significativamente las oportunidades dentro del sector público. Para postularse, ahora solo se deberán cumplir las condiciones generales previstas por la ley, entre ellas: La Corte también ordenó al Congreso de Durango adecuar su legislación, consolidando un criterio que podría impactar en otros estados con normas similares.