El Departamento del Tesoro de Estados Unidos avanza con una nueva propuesta que podría modificar los requisitos para acceder al sistema financiero. La iniciativa, que también involucra a los bancos y organismos de control, introduce cambios en la documentación necesaria para realizar trámites clave como la apertura de cuentas bancarias. En este escenario, el Gobierno busca reforzar los mecanismos de verificación dentro del sistema, incorporando nuevas exigencias vinculadas a la identificación de los usuarios. La medida impactaría directamente en quienes deseen operar con entidades financieras en el país. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos analiza implementar una normativa que obligue a las entidades bancarias a solicitar prueba de ciudadanía o estatus migratorio legal a sus clientes. Esta iniciativa modificaría el esquema actual, en el que no se exige de forma general este tipo de documentación para acceder a servicios financieros. De avanzar, los bancos deberán incorporar nuevos controles al momento de abrir cuentas o mantener las ya existentes. Esto implicaría una verificación más estricta de la identidad y situación migratoria de cada usuario dentro del sistema financiero. La propuesta forma parte de una estrategia más amplia orientada a fortalecer la supervisión y transparencia en las operaciones bancarias, incorporando información adicional sobre los titulares de las cuentas. Con este cambio, las personas que no puedan acreditar ciudadanía estadounidense o un estatus migratorio regular podrían quedar excluidas del acceso a cuentas bancarias. Este grupo incluye principalmente a inmigrantes sin documentación formal, que actualmente pueden acceder a ciertos servicios financieros. También existen interrogantes sobre cómo se aplicará la medida a otros perfiles como: La posible implementación de esta normativa podría modificar de forma significativa el acceso al sistema financiero, afectando tanto a nuevos usuarios como a quienes ya operan con cuentas activas. La exigencia de prueba de ciudadanía no solo afectaría la apertura de cuentas bancarias, sino también otros trámites vinculados al sistema financiero. Entre ellos se incluyen la recepción de pagos, el acceso a créditos y la gestión de ahorros. En caso de aplicarse, las entidades financieras deberán adaptar sus procesos internos para cumplir con los nuevos requisitos, lo que podría generar cambios en la operatoria habitual de los usuarios.