Con el reloj en marcha —se cumplen 72 horas desde que el gobierno fijó el ultimátum—, la negociación entre Terminal Cuenca del Plata (TCP) y el sindicato que representa a sus trabajadores entra en una etapa definitoria. Este miércoles se realizó una nueva instancia tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), pero las partes no lograron avances concretos en los puntos más espinosos del convenio colectivo.
La reunión de la noche del martes y la continuación del miércoles tuvieron como eje central las guardias gremiales, la duración del convenio y la cláusula de paz que mantiene en rechazo a buena parte de los trabajadores. Jorge Pozzi, director de TCP por la Administración Nacional de Puertos (ANP), explicó que si bien la propuesta económica era aceptada en términos generales, eran esos tres aspectos los que impedían cerrar el acuerdo.
Como gesto de acercamiento, el sindicato aceptó la presencia de una guardia gremial en la terminal de contenedores, pero la discusión se empantanó en el alcance de esa guardia: la cantidad de grúas que deben atender a cada barco y las funciones que esos turnos deberán cubrir. La empresa sostiene que las guardias actuales resultan insuficientes para garantizar la operativa; los trabajadores reclaman mayores garantías para preservar empleo y condiciones laborales durante la vigencia del convenio.
Otro punto de fricción es la duración del convenio. El gremio condicionó su aceptación a que la vigencia se reduzca de cinco a dos años, alegando que las obras de infraestructura en la terminal tendrán demoras y que, por tanto, sería necesario revisar el acuerdo a corto plazo. Desde la empresa, en cambio, apuntaron a mayor estabilidad contractual.
La cláusula de paz, destinada a evitar huelgas durante la vigencia del convenio, fue descrita por los trabajadores como una limitación excesiva al derecho de protesta. Ese rechazo fue uno de los factores que impidió que el acuerdo económico —en términos salariales— se transformara en un convenio cerrado.
El Ejecutivo fijó un plazo de 72 horas para alcanzar una solución y por ahora evita tomar medidas extorsivas. Consultado sobre la posibilidad de declarar la esencialidad de los servicios portuarios, Pozzi aclaró que el tema no estuvo en la mesa de discusión y remarcó que esa decisión corresponde al Poder Ejecutivo. Fuentes gubernamentales recordaron que la declaración de esencialidad se aplica cuando una huelga pone en riesgo la vida, la seguridad o la salud de la población, siguiendo el criterio del comité de libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En ese marco, el gobierno dejó claro que, aunque el puerto en su conjunto no está definido como un servicio esencial, si el conflicto se intensifica se podrían establecer servicios mínimos para garantizar la operativa crítica. El martes próximo está convocada otra reunión en el MTSS, a las 11 de la mañana, en la que se espera intentar un último esfuerzo para cerrar el acuerdo dentro del plazo impuesto.
Contexto y posibles consecuencias
El conflicto en TCP lleva meses de negociación y ha provocado cortes esporádicos en la actividad de la terminal de contenedores, con efectos directos sobre la cadena logística nacional. La empresa ya advirtió que, de persistir las interrupciones, evaluará acciones legales y administrativas por los daños ocasionados. Para el gobierno, la tensión plantea un desafío: equilibrar la defensa del derecho a huelga con la necesidad de asegurar servicios que afectan el comercio exterior y la economía local.
Con 72 horas por delante y una agenda de puntos técnicos todavía sin resolver, la negociación deberá definir no solo el contenido del nuevo convenio sino también un marco de convivencia laboral que evite nuevas paralizaciones. Si no se llega a un acuerdo, la ronda de contactos en el MTSS podría derivar en medidas más duras por parte del Ejecutivo o en un recrudecimiento del conflicto.
