La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, participó de un encuentro de IDEA, donde analizó el impacto de las privatizaciones, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la actualización de los marcos regulatorios en el sector privado.
Durante su exposición, moderada por Bernardo Cassagne, destacó que las reformas impulsadas por el Gobierno buscan “construir una Argentina más previsible, más estable y más amigable con la inversión privada”.
“Las inversiones se realizan cuando existen reglas claras, instituciones previsibles y confianza en que los compromisos asumidos serán respetados en el tiempo”, afirmó la funcionaria, y explicó que una parte central del trabajo de la Secretaría consiste en transformar las decisiones políticas en reglas estables y ejecutables.
En ese marco, señaló que el Presidente Javier Milei planteó desde el inicio de su gestión el desafío de liberar a la Argentina de las capas de intervencionismo acumuladas durante décadas. Bajo la premisa de que “donde no hay certeza, no hay inversión”, advirtió que la superposición de normas, el exceso de trámites y la intervención estatal generan incertidumbre, frenan las inversiones y dificultan el surgimiento de nuevos actores.
Al repasar las principales reformas, la funcionaria destacó que la Ley Bases, junto con el DNU 70/2023, constituyó uno de los grandes instrumentos de transformación del marco jurídico. Recordó que la ley autorizó el proceso de privatizaciones, modernizó la Ley de Procedimientos Administrativos, creó el RIGI y delegó facultades legislativas por un año. Esta delegación permitió reorganizar organismos, eliminar fondos fiduciarios y simplificar procedimientos.
Respecto del RIGI, señaló que fue diseñado para brindar certidumbre a inversiones que requieren grandes desembolsos de capital y largos plazos de recupero. En sus palabras, el régimen ofrece “las reglas que queremos para todos mañana: estabilidad por 30 años”, un esquema tributario y cambiario competitivo y protección frente a cambios arbitrarios.
La Secretaria informó que el régimen cuenta con 27 proyectos aprobados por más de US$75 mil millones y otros 21 en evaluación por más de u$s 130.000 millones, en sectores como minería, energía, infraestructura, automotriz, siderurgia y energías renovables. También subrayó que sus beneficios se destinan a inversiones nuevas y que su aplicación debe procurar minimizar los efectos distorsionadores sobre la competencia.
Asimismo, Ibarzabal Murphy reflexionó sobre el caso YPF y el impacto de las decisiones estatales sobre la reputación internacional del país: “La única instrucción política que recibo es hacer las cosas bien”, aseguró, y remarcó la importancia de respetar los procedimientos, identificar riesgos y construir soluciones sostenibles.
Como cierre, remarcó la importancia de respetar los procedimientos, identificar riesgos y construir soluciones sostenibles para fortalecer la seguridad jurídica. “Mi trabajo consiste, en definitiva, en intentar que las reglas que ofrecemos hoy sean las mismas reglas que existan mañana”, sostuvo, y resumió su tarea.
