Los problemas de la empresa láctea SanCor se agravan cada vez más. Tras conocerse la suspensión de la actividad en cuatro de sus plantas de producción (en las localidades santafesinas de Brinkman, Charlone, Moldes y Centeno) y los posibles futuros despidos de unos 500 trabajadores, desde el Gobierno salieron a criticar la administración de la compañía y a recordar las deudas generadas durante el kirchnerismo.

Por la noche, la cooperativa láctea difundió un comunicado en el que remarcó que se encuentra trabajando "en diversas líneas de acción para afrontar de manera cabal los desafíos que se le presentan, en el proceso de reconversión y restructuración iniciado tiempo atrás". Y enfatizó que "por razones de estricta confidencialidad y atento a la prudencia necesaria en el cierre de las distintas gestiones y negociaciones en marcha, desde la empresa no se ampliará información hasta que surjan definiciones al respecto".

El secretario de Lechería de la provincia de Santa Fe, Pedro Morino, dijo ayer que la cooperativa "está en tratativas para vender o concretar una fusión con otras empresas, pero no está quebrada, sino que tiene un problema financiero. Distintas fuentes sectoriales indican que varios grupos, nacionales y extranjeros, están interesados en hacerse cargo de la láctea.

Sobre cómo llegó a este punto de crisis, desde el Gobierno fueron los ministros de Producción, Francisco Cabrera, y de Agroindustria, Ricardo Buryaile, los que apuntaron a los malos negocios hechos durante el kirchnerismo y a la mala administración del grupo.

Cabrera enfatizó que la administración Macri ayudó a la cooperativa con préstamos fuera del circuito financiero por $ 500 millones, pero que ahora la entrega de más auxilio está supeditada a "un ordenamiento" de su plan de negocios. "SanCor es una empresa grande con muchos problemas desde hace muchos años", aseguró en declaraciones radiales. Según el funcionario, "la compañía se metió en un problema serio" cuando durante la gestión kirchnerista fue un exportador importante de leche en polvo a Venezuela que le dejó de pagar. "La empresa amplió su estructura en forma desmesurada, no fue cuidadosa con sus costos", evaluó el ministro.

Cabrera reconoció también que la empresa solicitó $ 4500 millones adicionales pero el Gobierno se los negó. "Es mala la administración y, cuando pasan estas cosas, las empresas fracasan", indicó.

A su turno, Buryaile expuso que en 2016 el Gobierno aporto $ 250 millones para que pueda recomponer su situación y terminó convalidando subas salariales por estaban por arriba de sus posibilidades".

En el comunicado, la cooperativa láctea desestimó la acusación del titular de Agroindustria, al remarcar que "los acuerdos paritarios no son facultad de SanCor ni de ninguna compañía en particular, y se realizan en el ámbito de la cámara empresarial respectiva. En ese sentido, el porcentaje del aumento acordado por el Centro de la Industria Lechera (CIL) fue del 13,9%".

La cooperativa, además, confirmó el cierre temporal de cuatro de sus plantas, al indicar que "la remisión de leche a las plantas industriales ha disminuido considerablemente en los últimos días, por lo que la Cooperativa decidió la suspensión de actividades en algunas de sus instalaciones".

El cierre de esas plantas y la suspensión de 500 trabajadores, con lapsos que van de 30 a 60 días, generaron ayer protestas como la que realizó el Sindicato de Choferes de Camiones (Sichoca), comandado por Pablo Moyano. Los manifestantes cortaron durante varias horas la ruta Panamericana, a las puertas del Centro de Distribución Norte de la localidad bonaerense de Don Torcuato, en rechazo a los posibles despidos.