Era de esperar. Teniendo en cuenta la guerra que el Gobierno y el Grupo Clarín vienen librando desde 2007, cuando Néstor Kirchner dio marcha atrás con la aprobación de la compra de Multicanal por parte de Cablevisión. Una guerra que continuó durante el proceso de elaboración y aprobación en el Congreso de la llamada Ley de Medios en 2009. Y que acaba de tener la ante última batalla, (la última siempre está por llegar), el lunes, luego del anuncio por parte del mayor holding de medios del país de la compra del 49% de Nextel Argentina por u$s 165 millones.
Si bien en el Grupo Clarín aseguraron haber concretado la compra "en absoluto cumplimiento del marco jurídico vigente, tanto en materia de telecomunicaciones (Ley 27.078), como de defensa de la competencia (Ley 25.156)", desde el Gobierno salieron a aclarar que la operación debe ser aprobada por las autoridades. Así lo hizo saber ayer la Autoridad Federal de Tecnologías de la información y las Comunicaciones (Aftic) a través de un comunicado. El organismo que orienta Norberto Berner aclaró no haber otorgado el aval correspondiente "para este tipo de transferencias accionarias tal cual lo marca el artículo 13 de la ley 27.078 que regula el mercado de las telecomunicaciones".
En ese sentido, y para ampliar la postura oficial, el documento explica que dicho artículo, referido a cesiones y transferencias, establece que "la transferencia, la cesión, el arrendamiento, la constitución de cualquier gravamen sobre la licencia y toda modificación de las participaciones accionarias o cuotas sociales, en los términos de la reglamentación vigente, deberán obtenerla previa autorización de la Autoridad de Aplicación, bajo pena de nulidad".
Agrega que "dicho artículo marca con absoluta claridad la necesidad de la previa autorización indispensable de este organismo ante cualquier movimiento accionario de las compañías de telecomunicaciones". Dicho en otras palabras, el Grupo Clarín no sondeó las repercusiones que su desembarco en el capital accionario de Nextel Argentina iban a tener entre las autoridades. Sin embargo, es difícil considerar que los abogados del grupo, que concretó la operación a través de Cablevisión, no hubiesen preparado una estrategia legal para avanzar luego de que el Gobierno hiciera público su rechazo a la decisión de los dueños del mayor operador de TV paga del país de incursionar en el negocio de las telecomunicaciones.
Mucho menos si se tiene en cuenta que se trata de un viejo anhelo de Clarín que siempre se topó con el rechazo de las principales operadoras de telefonía celular y con la negativa del kirchnerismo a permitir que Cablevisión sumara el negocio celular a su oferta de servicios.
Por esos motivos, y sabiendo que las relaciones políticas con el poder de turno no le permiten a Clarín avanzar sin sobresaltos, es de esperar que en los próximos meses la compra de Nextel Argentina también se judicialice, como el resto de los temas vinculados al futuro del Grupo Clarín. Mientras tanto, tampoco se conoce si la determinación de la Aftic será la de rechazar la llegada del grupo a una empresa de telefonía celular que posee una pequeña porción del mercado y cuyos dueños, los norteamericanos de NII Holding, buscan desprenderse desde hace tiempo. Así las cosas, seguramente la transacción también derivará en una andanada de reclamos por la vía judicial
