A siete años de ‘la 125’, poco cambió entre el Gobierno y el campo

A siete años de la implementación de la Resolución 125, que instauró por cuatro meses las retenciones móviles, el campo inicia otra medida de fuerza contra la política oficial. Aquel largo conflicto fue el puntapié de una etapa de confrontación general que sólo fue en ascenso.
Hoy, otra mesa de enlace, esta vez sin la conducción de la Federación Agraria, completa un paro comercial, con otros disparadores pero la misma causa: protestar contra la política oficial hacia el campo que, según repiten en el sector, presiona con impuestos, abandona con infraestructura y discrimina con restricciones comerciales.
El enfrentamiento por la 125 dejó vencedores y vencidos, aunque ninguno definitivo en esta Argentina que nuevamente se encamina hacia un proceso eleccionario.
La presidenta dejará su cargo y debe ungir a un postulante para continuar su modelo; Julio Cobos es precandidato presidencial; Martín Lousteau compite por ser jefe de Gobierno porteño; Eduardo Buzzi aspira a la gobernación de Santa Fe; Alfredo de ngeli es senador nacional por el PRO; Hugo Moyano es el líder sindical de mayor peso enfrentado con el Gobierno y Carlos Garetto es asesor de Sergio Massa. Todo esto ocurre a siete años del arranque del enfrentamiento que, sin destruir el liderazgo kirchnerista, le hizo mella y logró reposicionar a la dirigencia rural.
Cuando Martín Lousteau anunció la imposición de las retenciones móviles, la soja rondaba los u$s 520 por tonelada, unos u$s 160 por encima de la cotización de ayer. El impuesto a la exportación de la oleaginosa pasó automáticamente de 35% a 44%, donde se ubicó puntos más, puntos menos hasta que el voto "no positivo" de Julio Cobos echó por tierra la medida, después de su paso por el Congreso, a donde la presidenta envió la norma convertida en proyecto, tras un trimestre de enfrentamientos y desgaste.
Los reclamos del campo fueron más allá de las retenciones y apuntaron a los frenos a la comercialización de cereales y carnes impuestos en 2006, que recrudecieron durante el conflicto; a las distorsiones de costos de producción y precios de venta que, con el avance de la inflación empeoraron e inclusive, a la situación de desamparo de los pequeños productores, más directamente representados por la Federación Agraria cuya conducción hoy no va al paro, pero que encauzó también incansables protestas.
Siete años después, nadie dio el brazo a torcer. Tampoco se interrumpió un gobierno democrático. Pero no se encontró el diálogo eficaz entre el Gobierno y un sector claves de la economía argentina.