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La Corte Penal Internacional (CPI) rompió lazos con su proveedora de seguros médicos, Axa, en un intento por blindarse del impacto de las sanciones estadounidenses.
La CPI y Axa rescindieron su contrato de mutuo acuerdo a partir del 1 de octubre, según informó el tribunal con sede en La Haya. El presidente Donald Trump ha intensificado sus ataques contra la CPI tras reportes que sugieren que EE.UU. impondría sanciones a toda la institución, sumándose a las medidas ya existentes contra varios de sus colaboradores.
La CPI optó por poner fin a su acuerdo con Axa ya que ambas partes temían que las nuevas y amplias sanciones de EE.UU. obligaran a la aseguradora a dejar de hacer negocios con el tribunal o enfrentar castigos.
Axa sostuvo meses de conversaciones internas y con la corte sobre posibles alternativas, pero la aseguradora con sede en París no pudo encontrar una solución sin un llamado “estatuto de bloqueo”, señaló una persona al tanto de la situación.
Los estatutos de bloqueo son mecanismos legales utilizados para proteger a las empresas involucradas en el comercio internacional de ser forzadas a cumplir con sanciones impuestas por otros países.
Un grupo de eurodiputados ha estado pidiendo a la Unión Europea que promulgue un estatuto de bloqueo en relación con las sanciones de EE.UU. contra la CPI; sin embargo, aunque existe apoyo entre docenas de eurodiputados para dicha medida, esta no se ha promulgado.
La CPI —que juzga a individuos por delitos que incluyen genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad— lleva casi dos años lidiando con la más reciente racha de sanciones estadounidenses. Actualmente, unos 13 funcionarios del tribunal, incluida la mitad de sus 18 jueces, están sujetos a estas restricciones.
EE.UU. y su campaña contra la CPI
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, lanzó una campaña en julio para desmantelar la CPI “ladrillo a ladrillo”, pidiendo a los Estados miembros que se retiren del tribunal, mientras que Trump dijo ante la Asamblea General de la ONU la semana pasada que la CPI estaba “fuera de control” y que era un “grupo de gente malvada”.
En una entrevista el mes pasado, la fiscal adjunta Nazhat Shameem Khan —quien copreside la oficina del fiscal tras la destitución del exfiscal principal Karim Khan— declaró al Financial Times que la CPI había tomado medidas para aislarse de futuras sanciones de EE.UU., “garantizando que seamos autónomos para el futuro”.
Durante el último año, el tribunal ha reestructurado sus sistemas, cambiando su software de oficina de Microsoft a openDesk de Alemania. El personal de la corte sujeto a las sanciones de EE.UU. ha enfrentado restricciones para conservar tarjetas de crédito estadounidenses, comprar teléfonos móviles y recibir paquetes a través de mensajerías de EE.UU. También se les han cancelado reservaciones de hotel.
Si bien EE.UU. —que no es miembro del tribunal— ha criticado desde hace tiempo al tribunal de crímenes de guerra por extralimitarse en sus funciones, la tensión se ha intensificado durante el segundo mandato de Trump. La CPI emitió una orden de aprehensión en 2024 contra el líder israelí y aliado de EE.UU. , Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra en Gaza.
En respuesta a preguntas sobre el uso de estatutos de bloqueo, la Comisión Europea declaró a principios de esta semana que estaba “en constante contacto con nuestros Estados miembros, pero la diplomacia sigue siendo nuestra opción preferida”, al tiempo que reiteró su “respaldo total al trabajo de la CPI y a su personal”.
Acuerdo comun AXA-CPI
Un vocero de la CPI señaló que Axa y la corte “decidieron de común acuerdo dar por terminada la relación contractual” y que recurrirán a un nuevo proveedor de seguro médico cuyo nombre no fue revelado.
Por su parte, Axa declaró: “Es un caso complejo y delicado dados los riesgos derivados de la aplicación extraterritorial de las sanciones de EE.UU. Situaciones de este tipo, que son extremadamente difíciles para las personas afectadas, son relativamente nuevas y reflejan un entorno internacional que se ha vuelto cada vez más tenso y complejo para las empresas”.
La República de Nauru —anteriormente conocida como Nauru, al noreste de Australia— informó a la ONU la semana pasada que se retira de la CPI. Níger, Burkina Faso, Venezuela, Malí y Chad también notificaron a la corte su salida en el último año.
