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Luego de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, que dejó 32 personas fallecidas y 63 lesionadas, el Gobierno de la Ciudad de México informó que se alcanzó un acuerdo reparatorio por MXN$ 480 millones, de los cuales ya se pagó 90%, una cifra que generó cuestionamientos entre especialistas del sector asegurador por la falta de información pública sobre el origen y la estructura de esos pagos.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, detalló que hasta el momento se han desembolsado MXN$ 430 millones y que, de las 144 víctimas identificadas incluidas personas con daños en negocios, 127 ya recibieron algún pago, además de que se han firmado 143 acuerdos reparatorios entre víctimas directas e indirectas.
“Insistimos en que se trata de una cifra histórica y todo esto a cargo de la empresa que asumió este acuerdo de reparación de daños”, señaló la mandataria, quien subrayó que, si bien ninguna indemnización repara la pérdida de una vida, el compromiso fue alcanzar el mejor resultado posible.
Sin embargo, Carlos Peña Arenas, presidente del Comité de Daños de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC), afirmó que el monto reportado no coincide con las sumas aseguradas que, en su conocimiento, tenían las pólizas vinculadas al siniestro.
“Desconozco de dónde sacaron la cifra. AMIS nunca publicó ese número y nosotros trabajamos de manera coordinada para validar la información antes de hacerla pública”, sostuvo.
El especialista explicó que en el caso estaban involucradas al menos tres pólizas distintas, correspondientes al vehículo, al transporte de hidrocarburos y a los requisitos regulatorios para la operación, contratadas con diferentes aseguradoras.
No obstante, aseguró que incluso sumando esas coberturas, el monto no alcanzaría los MXN$ 480 millones.
“Si combinamos las tres sumas aseguradas, no llega a esa cantidad, no hay manera”, dijo.
Peña Arenas añadió que la cuantificación de los daños corresponde a una carpeta de investigación y, en su caso, a la determinación de un juez, quien establece los montos por fallecimientos, lesiones, daños materiales y gastos médicos.
“Eso no lo sacamos nosotros ni las aseguradoras, lo define un juez con base en la ley y en cada caso particular”, explicó.
Importancia de que concluyan los peritajes
El presidente del Comité de Daños de AMASFAC también subrayó que, antes de atribuir responsabilidades, es indispensable que concluyan los peritajes para determinar si el siniestro fue imputable a la empresa transportista o a factores externos, como las condiciones de la vialidad.
“Primero se investiga y se determina quién es el responsable; puede ser la empresa, el gobierno o ambos”, apuntó.
Finalmente, destacó que este tipo de eventos evidencia la relevancia de contar con coberturas adecuadas para el transporte de materiales peligrosos y con sumas aseguradas suficientes.
“Son siniestros catastróficos que implican cantidades millonarias; si no se tienen las pólizas correctas, el impacto financiero puede ser devastador”, concluyó.
