Los recientes fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en casos contra aseguradoras obligaron al sector a reforzar procesos de transparencia, revisión de pólizas y atención a usuarios, especialmente en reclamaciones relacionadas con gastos médicos, responsabilidad civil y personas con discapacidad, explicó Fátima Eizaguirre, asociada de Pérez-Llorca en el área de Seguros y Reaseguros. En entrevista con El Cronista, la especialista aseguró que las resoluciones emitidas por la Corte no representan un freno para la industria aseguradora, sino una evolución regulatoria que obligará a las compañías a redefinir procedimientos internos y fortalecer mecanismos de información hacia los clientes. “Las aseguradoras van a seguir prestando servicios, pagando indemnizaciones y ofreciendo coberturas; simplemente tendrán que reforzar procedimientos y adaptarse a las nuevas interpretaciones”, comentó. En los últimos meses, la SCJN resolvió casos relevantes contra aseguradoras de alto perfil como GNP Seguros e Inbursa, relacionados con negativas de cobertura, gastos médicos mayores y reparación integral del daño. Uno de los casos más relevantes involucró a GNP Seguros, luego de que la Corte analizara la negativa de cobertura relacionada con implantes cocleares y padecimientos congénitos, un criterio que abrió discusión sobre los límites de exclusión en seguros médicos. Además, la SCJN también analizó casos de responsabilidad civil vinculados con empresas del Estado y terceros perjudicados, lo que abrió la puerta a reclamaciones directas contra aseguradoras. De acuerdo con Eizaguirre, uno de los cambios más relevantes derivados de las resoluciones judiciales recientes fue la necesidad de que las compañías puedan acreditar que entregaron las condiciones generales de las pólizas y que los usuarios conocían los alcances de sus coberturas. “Eso sí ha llevado a revisar procedimientos internos para poder acreditar que las condiciones generales se entregaron, fueron aceptadas y el asegurado conocía los términos y condiciones”, explicó. Añadió que las aseguradoras también tendrán que reforzar sus mecanismos de colaboración con asegurados cuando ocurra un siniestro o una reclamación, con el objetivo de mantener flujos de información más eficientes y evitar conflictos posteriores. La especialista señaló que otro de los criterios novedosos de la Corte fue el reconocimiento de la acción directa de terceros perjudicados contra aseguradoras, incluso en casos vinculados con la administración pública. Respecto al debate sobre la eliminación del acreditamiento del IVA para aseguradoras en reparaciones y siniestros, Eizaguirre consideró que el sector enfrenta un reto relevante para replantear productos y servicios. Indicó que estos cambios regulatorios podrían modificar costos operativos y estrategias comerciales de las compañías, aunque descartó que representen un riesgo para la continuidad del sector. “Las aseguradoras tienen que ir adaptándose a cómo cambia la normativa y las interpretaciones. Eso no significa el fin de las aseguradoras”, sostuvo. La especialista también destacó que las recientes resoluciones relacionadas con menores con discapacidad obligarán a las compañías a extremar diligencia y reforzar procedimientos de atención. “Sí tienen que revisar todos sus procedimientos y atender realmente a quién tienen enfrente”, señaló. Pese al protagonismo reciente de las aseguradoras en resoluciones judiciales, Eizaguirre afirmó que el nivel de litigiosidad del sector en México continúa siendo relativamente bajo y que la mayoría de los conflictos se resuelven antes de llegar a tribunales. Explicó que los usuarios cuentan primero con mecanismos internos de atención de las aseguradoras y posteriormente con instancias como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). Además de GNP Seguros e Inbursa, otras aseguradoras que frecuentemente aparecen en reclamaciones o controversias relacionadas con siniestros y coberturas son Quálitas, Chubb, HDI Seguros, Mapfre y AXA Seguros, principalmente en ramos como autos, daños y gastos médicos mayores. Eizaguirre insistió en que las resoluciones judiciales buscan fortalecer la transparencia y proteger los derechos de los usuarios, más que generar un enfrentamiento con las compañías aseguradoras. “No hay que verlo como un choque frontal. Las aseguradoras trabajan para proteger el patrimonio de sus clientes y las resoluciones buscan reforzar la claridad y la transparencia”, concluyó.