El Tribunal Colegiado ha dictado una suspensión definitiva que representa un hito en la disputa legal en torno al sureste mexicano. Esta orden judicial exige a las autoridades pertinentes implementar de forma inmediata acciones de verificación, inspección, conservación y resguardo en las obras del Tramo 5 del Tren Maya, que conecta Cancún con Tulum. La resolución de este tribunal dirige la atención hacia la Subprocuraduría de Recursos Naturales y la Dirección General de Delitos de la Profepa. La incertidumbre persiste en torno a los programas de restauración ambiental. Hasta la fecha, los avances no han sido divulgados públicamente, ni se ha confirmado si las medidas adoptadas son conformes a las normativas nacionales e internacionales solicitadas. A pesar de ser el proyecto insignia de infraestructura de la administración para fomentar el turismo, el Tren Maya ha dejado una huella profunda en el ecosistema. Diversas organizaciones han subrayado que la construcción destruyó parte de la selva de la Península de Yucatán, contaminó cenotes estratégicos y fragmentó los ecosistemas locales. Estos perjuicios han sido reconocidos incluso por el propio Gobierno Federal en el polémico Tramo 5. Esta falta de transparencia ha motivado la intervención judicial para garantizar que las autoridades ambientales realicen sus funciones de supervisión de manera efectiva. En el contexto actual, esta nueva suspensión definitiva en el sistema judicial mexicano impone la obligación a las autoridades competentes en materia de protección ambiental de proceder con celeridad. La resolución internacional es clara al exponer las omisiones del gobierno en la protección de los derechos de los pueblos mayas peninsulares. En este sentido, el documento publicado establece una postura inequívoca respecto a la justicia ambiental: “El Tribunal responsabiliza al Estado Mexicano por la violación de estos derechos fundamentales de la Naturaleza y de los Pueblos Mayas peninsulares”. A finales de 2025, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza ratificó una sentencia histórica donde se considera que el proyecto ferroviario cometió ecocidio y etnocidio. El fallo, dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la secretaria Alicia Bárcena, reconoce la violación irrefutable de los derechos de la naturaleza y de las comunidades originarias.