La propuesta de considerar que los recursos de las cuentas individuales de las Afores que reciben los beneficiarios de un trabajador fallecido deban pagar Impuesto Sobre la Renta (ISR) pondría en riesgo la protección económica de las familias y desvirtuaría la naturaleza de esos recursos, advirtieron por separado los especialistas en pensiones Gerardo López Jiménez y Verónica González, luego de la discusión realizada en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El debate surgió durante el análisis de la Contradicción de Criterios 49/2026, en la que la ministra Lenia Batres Guadarrama respaldó un proyecto que proponía considerar como ingreso gravable los recursos entregados a los beneficiarios de un trabajador fallecido. Sin embargo, ambos especialistas coincidieron en que la discusión no modifica la legislación vigente y que cualquier cambio requeriría una reforma legal.
Recursos de Afores no son una herencia
Gerardo López Jiménez explicó que el principal problema de la discusión fue equiparar jurídicamente los recursos de las cuentas individuales con una herencia, cuando ambos tienen un origen y una finalidad completamente distintos.
“Los recursos de ahorro para el retiro tienen una naturaleza jurídica totalmente diferente de los bienes que se pueden heredar o de las herencias”, afirmó.
Explicó que el ahorro pensionario deriva de una relación laboral y se integra con aportaciones del trabajador, del patrón y del Estado, por lo que forma parte del sistema de seguridad social y está protegido por la Constitución y la Ley Federal del Trabajo.
“La Ley Federal del Trabajo le da un propósito específico al sistema de ahorro para el retiro cuando es en beneficio de los familiares del trabajador fallecido”, señaló.
En contraste, dijo, una herencia proviene del derecho civil y puede ser destinada libremente a cualquier persona designada por el titular de los bienes, por lo que ambos conceptos no deberían recibir el mismo tratamiento jurídico.
López Jiménez añadió que la discusión en la Corte tampoco representa un cambio inmediato para trabajadores o beneficiarios.
“En este momento no afecta a nadie. Hoy no hay impacto para ningún trabajador, para ningún beneficiario ni para ningún heredero, porque la regulación queda como estaba”, sostuvo.
Precisó que actualmente los retiros totales de recursos del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) ya están sujetos al ISR en los casos previstos por la ley desde 1997, mientras que las herencias permanecen exentas.
Asimismo, indicó que, si en algún momento se pretendiera gravar las herencias, primero tendría que modificarse la Ley del ISR mediante el Congreso de la Unión, por lo que la discusión de la SCJN no implica, por sí misma, un nuevo impuesto.
Menor protección para las familias
Por su parte, Verónica González afirmó que los recursos acumulados en las cuentas individuales cumplen una función de protección económica para las familias del trabajador fallecido, por lo que gravarlos reduciría ese respaldo.
“En realidad es un mecanismo de protección económica de seguridad social. Estar protegiendo a la persona para el pago de su pensión también protege a los beneficiarios, porque normalmente es la familia”, explicó.
Detalló que, antes de entregar recursos a los beneficiarios, el sistema primero determina si existen pensiones por viudez, orfandad o ascendencia y únicamente los recursos excedentes pueden retirarse en una sola exhibición.
Añadió que, en la mayoría de los casos, los beneficiarios ni siquiera alcanzan los montos a partir de los cuales se genera el pago del ISR, debido a las exenciones previstas en la legislación.
“Lo que quiere hacer Lenia Batres va en contra de la protección de los beneficiarios, porque este es un derecho”, sostuvo.
La especialista consideró que una medida de este tipo no afectaría la operación del sistema de pensiones, pero sí disminuiría el nivel de protección que ofrece a las familias de los trabajadores.
“Al sistema no lo afectas; afectas a los participantes del sistema, sí bajan las calificaciones en el asunto de la protección, porque estoy bajándole a la protección que podría dar”, comentó.
Además, advirtió que una propuesta de esa naturaleza también podría generar desconfianza entre los trabajadores hacia el sistema pensionario.
“Es un tema de reputación, porque mientras más trabas ponen a los titulares de las cuentas, más problemático es; complicas la operación y la gente menos entiende”, afirmó.
La especialista añadió que, si el objetivo fuera aumentar la recaudación, gravar este tipo de recursos tendría un efecto limitado, ya que los montos involucrados no representarían una fuente significativa de ingresos para el Estado.
“Si lo que queremos lograr es recaudar más dinero, por aquí no va este asunto. El dinero que hay allí es menor y sí vas a tener un problema social”, concluyó.
