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Estados Unidos mantiene fuertes restricciones arancelarias al comercio del sector automotriz, donde las empresas que fabrican vehículos ligeros, pesados y autopartes en México han salido afectadas.
Sin embargo, el mercado latinoamericano representa un mercado de 6.1 millones de autos vendidos en 2025, donde Brasil es el líder absoluto con 2.68 millones de unidades nuevas, seguido por México, que concentró ventas de 1.56 millones de autos y Argentina con 604 mil unidades nuevas, de acuerdo con datos de la Asociación Latinoamericana de distribuidores de Automotores (Aladda).
En este sentido, los 18 países de la región firmaron la Declaración de Quito, durante el Congreso Latinoamericano Automotriz, que fue organizado por la Asociación de Empresas Automotrices de Ecuador (AEADE).
Por parte de México participaron en la firma la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos (AMDA) y la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT).
¿Qué busca la Declaración de Quito?
El objetivo de este documento regional busca impulsar la integración de la región para enfrentar las transformaciones del comercio local, avanzar hacia una carga impositiva “razonable”, así como combatir el dumping por parte de nuevos participantes del mercado, con el objetivo de fomentar la formalización y eliminar barreras arancelarias que dificultan el comercio entre los países de la región.
Los firmantes señalaron que otros objetivos del acuerdo son proteger a los consumidores y asegurar el cumplimiento de los estándares de seguridad, a lo que se suma reducir los niveles de emisiones contaminantes.
Entre las principales propuestas destacó que el régimen tributario aplicable a los vehículos en los países latinoamericanos debe ser razonable, coherente y previsible, alineado con los objetivos de crecimiento económico, formalización y renovación del parque automotor.
“Una carga tributaria excesiva, o una estructura impositiva que penalice la formalidad, restringe a la ciudadanía la posibilidad de acceder a vehículos con tecnologías más avanzadas y de menor impacto ambiental”, expuso el documento.
Las partes firmantes también acordaron respaldar políticas públicas que impulsen un mejor medio ambiente, la seguridad vial y la productividad a través de la renovación del parque automotor mediante incentivos fiscales y financieros para la adquisición de vehículos nuevos de mayor seguridad y menores emisiones.
