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México dio un paso para regular las llamadas “trampas” digitales utilizadas en aplicaciones bancarias y fintech, luego de que se presentara en la Cámara de Diputados una iniciativa para prohibir prácticas engañosas conocidas internacionalmente como “dark patterns”, de acuerdo con un análisis de YG Consultores.
La propuesta, impulsada por el diputado Ricardo Monreal Ávila, planteó reformas a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.
Según el análisis de YG Consultores, la iniciativa busca incorporar al derecho mexicano “una regulación específica sobre las prácticas engañosas de diseño digital, conocidas internacionalmente como dark patterns”.
El proyecto buscó establecer reglas específicas para evitar diseños digitales que induzcan decisiones involuntarias, oculten información relevante o dificulten cancelar productos financieros, especialmente en aplicaciones móviles y plataformas digitales.
YG Consultores destacó que la iniciativa todavía “se encuentra en fase parlamentaria inicial y no constituye legislación vigente”, aunque señaló que el periodo para presentar comentarios técnicos y posicionamientos institucionales permanece abierto.
Van contra cargos automáticos y “urgencia falsa”
La iniciativa propuso incorporar en la legislación financiera mexicana el concepto de “prácticas engañosas en el entorno digital”, definidas como diseños de interfaz que “induzcan, presionen, engañen o dificulten decisiones libres, informadas o reversibles del usuario”.
Entre las conductas que podrían prohibirse se encontraron la preselección automática de seguros o servicios adicionales con costo, mecanismos que compliquen cancelar productos y técnicas de “urgencia falsa”, utilizadas para presionar contrataciones inmediatas.
De acuerdo con YG Consultores, estas prácticas “son habituales en los flujos de alta, contratación de tarjetas, créditos digitales y suscripciones recurrentes”.
La reforma también contempló que la obligación de informar de manera clara no se limite únicamente a mostrar datos al usuario, sino que el diseño completo de la plataforma sea transparente y no induzca decisiones contrarias a su interés.
En ese sentido, la iniciativa estableció que el deber de información se considerará incumplido cuando “el diseño, la estructura, el flujo o la presentación de la interfaz tenga por efecto inducir decisiones contrarias al interés del usuario, ocultar información relevante, obstaculizar la cancelación o reversión, o generar percepciones engañosas sobre costos o riesgos”.
Condusef podría revisar interfaces digitales
Uno de los principales cambios planteados en la iniciativa fue ampliar las facultades de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), que podría supervisar y auditar interfaces digitales utilizadas por instituciones financieras y fintech.
La propuesta facultó a la autoridad para ordenar modificaciones, suspender prácticas y emitir disposiciones sobre diseño, funcionamiento y evaluación de plataformas digitales.
Asimismo, se propuso adicionar el artículo 11 de la Ley Fintech para obligar a las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico y a las Instituciones de Financiamiento Colectivo a garantizar que sus aplicaciones y plataformas “no incorporen prácticas engañosas en el entorno digital” y permitan decisiones comparables e informadas.
Banxico y CNBV emitirían nuevas reglas
La iniciativa también otorgó facultades al Banco de México y a otras autoridades regulatorias para emitir disposiciones que limiten o prohíban diseños digitales que afecten la toma de decisiones de los clientes o distorsionen la competencia.
De acuerdo con YG Consultores, la propuesta sigue tendencias regulatorias adoptadas en la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido y Australia, donde “la supervisión financiera se extenderá al diseño de las interfaces digitales como objeto regulable”.
En caso de aprobarse, la Condusef, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) contarían con 180 días naturales para emitir regulación secundaria, mientras que bancos, fintech e instituciones financieras tendrían otros 180 días para adecuar sus plataformas.
Finalmente, YG Consultores recomendó que la industria participe en el proceso legislativo para “precisar los conceptos jurídicamente abiertos”, evitar duplicidades regulatorias y establecer criterios técnicos claros antes de la emisión de las disposiciones generales.
