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Una disposición que durante años formó parte de las reglas para acceder a un cargo clave en el control del gasto público quedó sin efecto tras una decisión de la Corte Suprema. No era un simple requisito administrativo: establecía una condición específica para determinar quién podía ocupar ese puesto dentro de un estado del país.
La resolución, aunque esperada por especialistas en materia constitucional, representa un cambio importante en la manera en que los congresos estatales pueden establecer requisitos para ocupar determinados empleos públicos. Con el fallo, la Corte Suprema dejó claro que las legislaturas locales no tienen libertad absoluta para imponer condiciones de acceso.
El impacto de la decisión es directo. El máximo tribunal reafirmó que ningún requisito puede limitar el acceso a un cargo público de alto nivel si no cuenta con un respaldo constitucional válido, marcando así un nuevo límite a las facultades de los estados para regular quiénes pueden ocupar estas posiciones.
Fin del requisito de nacionalidad por nacimiento: declaraciones de la Corte Suprema
El Congreso local de Durango excedió sus facultades al establecer la condición de que la persona titular de la Auditoría Superior debía ser mexicana por nacimiento y no poseer otra nacionalidad.
La Corte Suprema consideró que esta exigencia generaba una distinción injustificada, afectando el acceso a empleos públicos y potencialmente conduciendo a un trato discriminatorio en el ámbito estatal.
Según la resolución, dicho requisito carece de fundamento en la Constitución Política Federal. La Corte subrayó que únicamente la Constitución y las leyes del Congreso de la Unión pueden reservar ciertos cargos a personas mexicanas por nacimiento sin otra nacionalidad, lo cual no se aplica en este caso.
El Pleno de la Corte Suprema invalidó una porción del artículo 97, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el estado de Durango.
Auditoría Superior de Durango: Oportunidades en el Sector Público
Con este fallo, el requisito cambió de manera definitiva. Para encabezar la Auditoría Superior de Durango ya no es obligatorio ser mexicano por nacimiento ni carecer de otra nacionalidad. A partir de ahora, solo basta con ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
En este contexto, el Máximo Tribunal ordenó notificar al Congreso del Estado de Durango para que adecúe su legislación a este criterio. El cargo queda abierto también para personas mexicanas por naturalización y para quienes cuenten con doble nacionalidad, siempre que cumplan las demás condiciones legales.
La resolución que tomó la SCJN refuerza una línea constante del tribunal: los congresos estatales no pueden cerrar el acceso a empleos públicos sin un mandato constitucional expreso. En este caso, la Corte dejó claro que el control del gasto público no puede estar sujeto a restricciones que la Constitución no autoriza.
