Desde febrero, la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) genera un cambio significativo en los recibos de nómina de millones de empleados. El tribunal más alto del país ha determinado que las retenciones automáticas que se aplicaban sobre los salarios, sin el consentimiento de los trabajadores, son inconstitucionales. Dicha decisión, que ha comenzado a operar de manera inmediata, pone un fin definitivo a una práctica que durante años disminuyó de manera silenciosa el sueldo neto de profesionales como docentes, enfermeros, médicos, funcionarios públicos y empleados de grandes corporativos privados. El Máximo Tribunal examinó las acciones legales presentadas por organizaciones sindicales y grupos laborales que sostenían que determinadas deducciones aplicadas a los salarios brutos, destinadas a fondos de estabilización económica y esquemas de pensiones complementarias, excedían los límites permitidos por la ley y se implementaban sin el consentimiento expreso del trabajador. Con una mayoría de votos, los ministros determinaron que dichas deducciones infringían el principio de intangibilidad salarial, uno de los fundamentos esenciales del derecho laboral que prohíbe cualquier intervención arbitraria sobre el salario. El fallo, formalizado el 22 de febrero de 2026, dispuso la suspensión inmediata de las retenciones y abrió la posibilidad de revisiones retroactivas. Expertos en derecho laboral indican que este precedente establece un límite inequívoco: no se podrá aplicar ninguna deducción de forma obligatoria si carece de un fundamento legal expreso y la aceptación del trabajador. Los sectores con mayor concentración de afectados son educación y salud —maestros, médicos y enfermeros encabezan la lista—, seguidos por trabajadores administrativos del gobierno federal y empleados de empresas que operan bajo convenios colectivos sujetos a normativa federal. Las estimaciones calculan que la suspensión libera entre el 5% y el 10% del salario mensual por persona, lo que en términos prácticos se traduce en un rango de 500 a 2,000 pesos adicionales por mes, dependiendo del nivel de ingreso. Para verificar si aplica en cada caso, basta con revisar el recibo de nómina más reciente en los portales del IMSS o de la Afore correspondiente, buscando conceptos como “retención especial” o “fondo de reserva”. Si alguno de esos rubros aparece, el trabajador califica para la suspensión y puede iniciar el trámite de devolución ante el área de Recursos Humanos de su empresa, que tiene un plazo de 90 días para hacer efectivo el reembolso. Además, quienes puedan acreditar que la deducción se aplicó de forma indebida en los últimos seis meses tendrían derecho a reembolsos por ese período.