La reducción de la jornada laboral en México ya es una realidad constitucional y es un logro que llevará la bandera del Gobierno de Claudia Sheinbaum. El pasado 3 de marzo de 2026, el Diario Oficial de la Federación, DOF, publicó el decreto que reforma las fracciones IV y XI del Apartado A del artículo 123 de la Constitución, estableciendo una nueva organización del tiempo de trabajo en el país. Con esta reforma a la LFT, la duración máxima de la jornada laboral semanal se reducirá progresivamente hasta alcanzar las 40 horas, uno de los cambios laborales más importantes de los últimos años en México. El decreto establece que la transición será gradual y se implementará entre 2026 y 2030. De acuerdo con el documento oficial, la Constitución ahora establece que “la jornada laboral será de cuarenta horas semanales en los términos que establezca la Ley”, aunque el ajuste se aplicará de forma escalonada: 48 horas en 2026, 46 en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y finalmente 40 horas en 2030. Uno de los puntos que generó más dudas entre trabajadores y empresas fue el impacto que la reducción de horas tendría en los ingresos. El decreto publicado en el DOF aclara que los salarios no podrán disminuir debido a este cambio. Esto significa que los empleados seguirán percibiendo el mismo pago que recibían antes de la reforma, aun cuando trabajen menos horas conforme avance la implementación. La reforma también mantiene el derecho al descanso semanal. Según el nuevo texto constitucional, “por cada seis días de trabajo las personas trabajadoras deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso con goce de salario íntegro”, lo que garantiza que la reducción de la jornada no afectará las prestaciones existentes. El decreto también establece nuevas reglas para el trabajo extraordinario. Cuando sea necesario extender la jornada por circunstancias excepcionales, el pago por esas horas deberá ser mayor al de la jornada ordinaria. El documento indica que “se abonará como salario por este tiempo un cien por ciento más de lo fijado para las horas ordinarias”, es decir, el doble del pago normal por hora trabajada. Por otro lado, se fijó un límite claro para el tiempo extra. El texto constitucional establece que “el trabajo extraordinario no excederá de doce horas en una semana, las cuales podrán distribuirse en hasta cuatro horas diarias, en un máximo de cuatro días en ese periodo”. Si el tiempo extraordinario supera ese límite, la sanción económica para el empleador será mayor. En ese caso, el decreto establece que se deberá pagar “doscientos por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada ordinaria”.