La tensión dentro de la Casa de Windsor llegó a un nuevo punto de quiebre: el príncipe William lidera una presión interna para que el príncipe Andrés sea eliminado formalmente de la línea de sucesión. Según The Mirror, citando fuentes del Palacio de Kensington, el heredero considera que su tío es una “amenaza existencial” para la institución. La estrategia no se limita a un pedido verbal. El plan incluye una revisión de los protocolos de los Consejeros de Estado y una consulta técnica sobre el Acta de Sucesión, con el objetivo de generar el consenso político necesario para desplazar a Andrés del mapa oficial. El analista Richard Kay consignó en el Daily Mail que William ve a su tío como un “problema sin solución” que debe ser extirpado de la vida pública de forma total. Su círculo íntimo asegura que fue él quien impulsó que la reina Isabel II le retirara los títulos militares y el tratamiento de “Su Alteza Real” en 2022. La presión sobre Carlos III es constante. Dentro del plan también figura el desalojo de Andrés de Royal Lodge, la propiedad de 30 habitaciones en Windsor que el duque se niega a abandonar. “William tiene claro que cualquier asociación con Andrés es un lastre que la monarquía moderna no puede permitirse”, explicó una fuente de la corona a la prensa británica. Los documentos desclasificados en Nueva York a principios de este año volvieron a poner el foco sobre las actividades de Andrés en las residencias de Jeffrey Epstein. El periodista Robert Jobson señaló que para William “la disciplina institucional está por encima de cualquier sentimiento personal hacia su tío”. “No hay vuelta atrás para el duque de York”, sentenció una fuente diplomática vinculada al Foreign Office. La estrategia legal busca que, ante una vacancia del Rey, los roles de sustitución recaigan solo en miembros activos, excluyendo también al príncipe Harry. Aunque Andrés ocupa el octavo lugar en la línea de sucesión, su sola presencia es considerada por William un riesgo político. Cambiar ese orden implicaría enmendar la Declaración de Derechos de 1689 y el Acta de Establecimiento de 1701, un proceso que el equipo del príncipe de Gales ya evalúa con asesores legales para evitar una crisis constitucional.