En esta noticia
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) obtuvo una nueva victoria judicial en Estados Unidos luego de que un tribunal de Miami ordenara el pago de 578.5 millones de dólares al Estado mexicano por daños relacionados con una red de corrupción vinculada al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
La sentencia condena a integrantes de la familia Weinberg y empresas relacionadas con operaciones financieras presuntamente utilizadas para obtener contratos públicos de manera indebida y ocultar recursos fuera de México.
El fallod de la Corte representa uno de los procesos de recuperación patrimonial más importantes impulsados por el gobierno mexicano en tribunales extranjeros.
Con esta resolución, el monto total recuperado y reconocido judicialmente en el caso García Luna supera los 3 mil millones de dólares, luego de las sentencias emitidas en 2025 contra el exfuncionario y su esposa.
La Secretaría de Hacienda aseguró que continuará las acciones para recuperar activos y devolver recursos al patrimonio público.
Qué significa esta sentencia para México
La resolución del tribunal de Florida implica que parte del dinero presuntamente desviado mediante contratos irregulares deberá regresar al Estado mexicano. Según la UIF, los recursos fueron movidos mediante mecanismos financieros y empresas utilizadas para ocultar operaciones relacionadas con corrupción y lavado de dinero.
Además del impacto económico, el fallo fortalece la capacidad de México para litigar casos de corrupción internacional en cortes extranjeras. La sentencia también refuerza la cooperación judicial entre ambos países en investigaciones relacionadas con operaciones financieras ilícitas y recuperación de activos públicos.
Cómo operaba la red financiera vinculada al caso
Durante el proceso judicial se presentaron documentos financieros, testimonios y pruebas obtenidas mediante cooperación internacional para demostrar la participación de personas físicas y empresas en la transferencia y ocultamiento de recursos. La investigación identificó operaciones ligadas a contratos públicos obtenidos de manera irregular.
La UIF informó que el acuerdo judicial contempla la entrega y liquidación de activos ubicados en distintas jurisdicciones para cubrir parcialmente las cantidades determinadas por la corte estadounidense. Hacienda sostuvo que continuará el seguimiento legal hasta concretar la recuperación efectiva de los recursos en favor del país.
