La Corte Constitucional volvió a poner límites al alcance del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro y dejó sin efecto la autonomía presupuestal que se le había entregado al Consejo Nacional Electoral (CNE). Con una decisión unánime, la Sala Plena concluyó que las normas que permitieron al organismo manejar recursos propios y contratar directamente no tenían relación con los objetivos centrales del plan de gobierno. El fallo, identificado como la Sentencia C-116 de 2026, elimina los artículos 336 y 337 de la Ley 2294 de 2023, normas que habían modificado el Estatuto Orgánico del Presupuesto para darle independencia financiera al árbitro electoral. Sin embargo, la medida no comenzará a regir de inmediato: la Corte determinó que los cambios entrarán en vigor desde el 1 de enero de 2027 para evitar impactos sobre el calendario electoral que actualmente avanza en el país. La decisión del alto tribunal significa que el Consejo Nacional Electoral dejará de tener una sección independiente dentro del Presupuesto General de la Nación. Además, quien ocupe la presidencia del organismo ya no podrá ejercer funciones de contratación ni ordenar directamente el gasto público de la entidad. Con esto, el esquema volverá al modelo anterior que existía antes del Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, en el que los recursos del CNE quedaban bajo la estructura presupuestal de la Registraduría Nacional del Estado Civil. La Corte consideró que el Gobierno incluyó modificaciones estructurales sobre el manejo financiero del organismo electoral dentro de una ley que no estaba diseñada para ese propósito. La Sala Plena concluyó que las normas violaban el principio de unidad de materia, una regla constitucional que obliga a que todas las disposiciones de una ley tengan conexión directa con el tema principal que regula. Según explicó el tribunal, los artículos relacionados con la autonomía del CNE no guardaban relación con las metas, estrategias o inversiones planteadas dentro del Plan Nacional de Desarrollo presentado por el presidente Gustavo Petro. En otras palabras, la Corte consideró que el Ejecutivo aprovechó la discusión del plan para introducir cambios institucionales permanentes sobre el sistema electoral colombiano, algo que debía tramitarse mediante otro tipo de ley. El magistrado Juan Carlos Cortés fue el ponente del fallo. La decisión fue respaldada por ocho votos y no tuvo salvamentos. Vladimir Fernández, exsecretario jurídico de Presidencia y actual magistrado de la Corte, se declaró impedido por haber participado en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo durante su paso por el Gobierno. Aunque la Corte declaró inexequibles las normas de manera inmediata, moduló los efectos de la sentencia para que la decisión solo se aplique desde el primero de enero de 2027. El tribunal argumentó que actualmente Colombia atraviesa un período electoral sensible y que hacer cambios inmediatos en la estructura financiera del organismo podría afectar la estabilidad administrativa de los comicios presidenciales. Por esa razón, las reglas actuales seguirán funcionando hasta finalizar 2026. Durante ese tiempo, varias entidades deberán preparar la transición institucional y presupuestal. Entre las entidades que deberán coordinar los ajustes aparecen: Todas tendrán la tarea de adaptar el nuevo esquema financiero antes de la construcción del Presupuesto General de la Nación de 2027. Con la decisión de la Corte, el CNE perderá la capacidad de administrar directamente sus recursos y volverá a depender presupuestalmente de la Registraduría. El fallo revive el debate político y jurídico sobre qué tan independiente debe ser el organismo encargado de vigilar las campañas, supervisar elecciones y ejercer control sobre partidos políticos en Colombia. Aunque la Corte aclaró que la decisión no cuestiona las funciones electorales del organismo, sí dejó claro que las reformas administrativas y presupuestales deben tramitarse respetando los límites constitucionales. El Congreso todavía tiene la posibilidad de presentar una nueva reforma que otorgue autonomía financiera al CNE, pero deberá hacerlo mediante un proyecto independiente y no a través del Plan Nacional de Desarrollo.