La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respaldó el acuerdo impulsado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) que modifica los criterios de evaluación en escuelas públicas y privadas del país. Con esta decisión, ya no será obligatorio reprobar automáticamente a estudiantes de educación básica por no alcanzar el porcentaje mínimo de asistencia o por adeudar materias. Por unanimidad, el máximo tribunal determinó que el Acuerdo 10/09/23 de la SEP, vigente desde septiembre de 2023, es constitucional, al considerar que favorece el interés superior de niños y adolescentes, protege el derecho a la educación y busca reducir la exclusión escolar. La decisión de la SCJN derivó de un amparo presentado por el Colegio El Roble, institución privada que sostenía que el acuerdo comprometía la calidad educativa, la disciplina y la autonomía de los centros escolares. No obstante, los ministros concluyeron que la SEP cuenta con atribuciones constitucionales para definir los mecanismos de evaluación y promoción académica dentro del sistema educativo nacional. La Corte subrayó que el propósito de estas disposiciones es impedir que estudiantes sean apartados del sistema educativo debido a factores sociales, familiares o económicos. Durante la discusión, la ministra Lenia Batres Guadarrama afirmó que la excelencia educativa no puede medirse únicamente mediante calificaciones numéricas o registros de asistencia. “La educación de excelencia no se agota en registros de asistencias o en acreditaciones de asignaturas o grados mediante mediciones numéricas cuantitativas”, expresó al respaldar el proyecto aprobado. En este sentido, añadió que el proceso educativo involucra distintos factores y recordó que el modelo impacta a más de 23 millones de estudiantes en México. Asimismo, Batres Guadarrama señaló que la SEP tomó como referencia modelos educativos implementados en países como Dinamarca y Finlandia, donde la evaluación no depende exclusivamente de notas numéricas. El acuerdo validado por la Suprema Corte reorganiza los planes de estudio a través de fases y campos formativos, además de modificar la manera en que se acredita el avance académico. En preescolar y primer grado de primaria, los alumnos avanzarán automáticamente de nivel, independientemente de sus calificaciones o porcentaje de asistencia. En primaria y secundaria, la SEP implementó esquemas de evaluación más flexibles, permitiendo que estudiantes regularicen materias pendientes sin ser reprobados de manera automática. Además, la normativa establece que los alumnos de secundaria podrán pasar de grado aún con algunas materias no acreditadas, siempre que no existan causas graves justificadas. La medida aplicará tanto en escuelas públicas como en instituciones privadas incorporadas al sistema educativo nacional. La SCJN argumentó que reprobar estudiantes por inasistencias o bajo desempeño escolar puede agravar desigualdades sociales y afectar el desarrollo integral de menores de edad. En el debate, el ministro Hugo Aguilar sostuvo que la asistencia escolar no necesariamente es un indicador de excelencia educativa. El funcionario explicó que muchas ausencias pueden estar relacionadas con problemas familiares o situaciones complejas que requieren atención desde una perspectiva social y no mediante sanciones escolares. Finalmente, la Corte concluyó que el acuerdo promovido por la SEP fortalece el acceso y permanencia de estudiantes en las aulas, priorizando el interés superior de niños y adolescentes.