La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, mediante fallo inapelable, que los permisos locales exigidos para trasladar, movilizar y exportar ganado vivo, productos y subproductos pecuarios son inconstitucionales. El argumento central es claro: los estados de la república no tienen atribución legal para imponer ese tipo de controles, porque esa facultad pertenece exclusivamente a la Federación. La resolución afecta de manera directa a productores, transportistas, exportadores y a cualquier eslabón de la cadena pecuaria que hasta ahora operaba bajo el esquema de autorizaciones locales. Desde la fecha del fallo, esos permisos no tienen validez jurídica y no pueden ser exigidos por ninguna autoridad estatal. La Controversia Constitucional 216/2025 fue analizada en sesión del Tribunal Pleno el 10 de marzo de 2026. El caso se originó por las disposiciones contenidas en la Ley Ganadera de Nayarit, que establecía un esquema de control local sobre el movimiento de animales dentro y fuera del estado. Según determinó la Suprema Corte, ese esquema no era otra cosa que un sistema estatal de autorización previa disfrazado de regulación administrativa. Entre los instrumentos declarados inválidos se encuentran las guías de tránsito foliadas emitidas por autoridades locales, las autorizaciones expedidas por inspectores estatales y cualquier otro mecanismo que condicionara el traslado o la exportación de ganado a una aprobación previa de origen estatal. Todos quedaron sin efectos jurídicos de manera inmediata y sin posibilidad de apelación. Para el sector ganadero, esto representa un cambio operativo concreto: ningún productor, transportista ni exportador está obligado a presentar ese tipo de permisos ante controles estatales. Hacerlo ahora sería someterse voluntariamente a una exigencia que la propia Constitución Política no avala. El fallo no elimina toda la documentación relacionada con el ganado. El Máximo Tribunal fue preciso al distinguir entre dos categorías de instrumentos: los que acreditan propiedad y los que funcionan como filtros de movilización. Los documentos que sirven para demostrar la titularidad o la transmisión de animales —como ciertos registros civiles o administrativos contemplados en la legislación estatal— mantienen su validez. La Suprema Corte reconoció que las entidades federativas sí tienen competencia para legislar en materia civil y administrativa, y que esos instrumentos no representan un obstáculo para el libre movimiento del ganado, sino una herramienta de respaldo patrimonial para el productor. Lo que queda rotundamente prohibido es cualquier permiso estatal cuya función real sea condicionar, retrasar o bloquear el traslado o la exportación de animales. Si un documento no acredita propiedad, sino que autoriza movimiento, su exigencia por parte de una autoridad local es inconstitucional. Esta distinción es fundamental para que productores y transportistas sepan exactamente qué papeles deben conservar y cuáles ya no están obligados a tramitar ni presentar. La relevancia de esta decisión va mucho más allá de Nayarit. Al resolver este caso, la SCJN fijó un criterio constitucional de aplicación nacional: ningún estado puede construir un sistema propio de control sanitario o zoosanitario sobre el movimiento de ganado, porque esa materia es competencia exclusiva de la Federación. Cualquier entidad que mantenga o intente implementar esquemas similares queda automáticamente expuesta a impugnaciones con un precedente muy sólido en su contra. Para los grandes estados ganaderos —Jalisco, Sonora, Chihuahua, Veracruz, Sinaloa— el mensaje es directo: sus marcos regulatorios locales deben revisarse a la luz de este fallo. Si alguna de sus leyes ganaderas contiene disposiciones que exijan permisos estatales previos para movilizar animales, esas normas son jurídicamente vulnerables. Desde el punto de vista del productor, la resolución elimina una capa burocrática que en muchos casos encarecía la operación, generaba demoras en el transporte y abría espacios para la discrecionalidad de inspectores locales. A partir de ahora, el cumplimiento regulatorio en materia de traslado y exportación pecuaria debe ajustarse únicamente a la normativa federal, sin que ninguna autoridad estatal pueda agregar requisitos adicionales por encima de lo que establece la ley nacional.