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La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo clave al validar el cobro de derechos a empresas que descargan aguas residuales en ríos nacionales. La resolución refuerza el principio de “quien contamina, paga”.
El criterio también establece que las compañías deberán cubrir el pago correspondiente incluso si no cuentan con medidores para cuantificar sus descargas, lo que marca un precedente para la fiscalización ambiental en México.
Qué resolvió la Suprema Corte sobre las descargas contaminantes
La SCJN determinó que es constitucional el cobro de derechos a las empresas que vierten aguas residuales en ríos, aun cuando no existan medidores para calcular el volumen exacto descargado. El fallo respalda las facultades de la autoridad para estimar el impacto ambiental.
Según la Corte, la falta de medición no exime a las empresas de su responsabilidad ambiental. El objetivo es evitar que la ausencia de infraestructura sea utilizada como mecanismo para eludir pagos.
La resolución refuerza el marco legal para proteger los recursos hídricos frente a prácticas contaminantes.
Por qué deberán pagar incluso sin medidores
El máximo tribunal sostuvo que permitir descargas sin cobro por falta de medición incentivaría la contaminación de ríos y cuerpos de agua. Por eso, avaló el uso de métodos indirectos para determinar los derechos a pagar.
La Corte remarcó que las empresas tienen la obligación de contar con sistemas adecuados para controlar sus descargas. No hacerlo no puede traducirse en un beneficio económico.
Este criterio busca fortalecer la prevención del daño ambiental y fomentar el cumplimiento de las normas vigentes.
Impacto del fallo en empresas y política ambiental
El fallo sienta un precedente relevante para industrias que utilizan cuerpos de agua nacionales como destino de sus residuos. A partir de esta resolución, el cobro de derechos será exigible con mayor firmeza.
Además, la decisión fortalece la política ambiental del país al priorizar la protección de los ríos y la salud pública. También refuerza el rol del Estado en la regulación y fiscalización ambiental.
La sentencia podría influir en futuros casos relacionados con contaminación y uso de recursos naturales en México.
