La discusión sobre las pensiones volvió al centro del debate en México tras la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La propuesta busca modificar la Constitución para establecer límites a jubilaciones consideradas “millonarias”. Aunque en redes sociales se habló de un recorte generalizado, el proyecto no elimina pensiones sociales ni apoyos a adultos mayores. El foco está puesto en exservidores públicos que actualmente reciben montos superiores a los establecidos para altos cargos en funciones. La iniciativa propone modificar el artículo 127 para que ninguna pensión pagada con recursos públicos supere la mitad del salario presidencial, es decir, alrededor de 70 mil pesos mensuales. El objetivo es limitar jubilaciones consideradas elevadas en comparación con el ingreso promedio del país. De aprobarse, quienes hoy cobren más que ese monto verían un ajuste en su ingreso mensual, con el argumento de generar ahorros al erario. El recorte aplicaría a exservidores públicos de alto nivel que reciben pensiones con cargo directo al presupuesto federal, especialmente en empresas del Estado y organismos autónomos. No se verían afectadas las pensiones contributivas de cuentas individuales ni programas sociales como la pensión para adultos mayores. La mayoría de jubilados del IMSS e ISSSTE mantendrían sus pagos sin cambios. La reforma ya fue turnada al Senado y, al tratarse de un cambio constitucional, requiere mayoría calificada y aprobación de congresos estatales. Aún no está vigente y su aplicación dependerá del proceso legislativo. El debate gira en torno a si se trata de una medida de justicia presupuestaria o una posible afectación a derechos adquiridos.