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El panorama del alquiler de viviendas está a punto de experimentar un cambio significativo. Una nueva propuesta legislativa tiene como objetivo transformar la relación entre arrendadores e inquilinos, priorizando la mediación en lugar de los tribunales y fomentando la formalización en detrimento de la informalidad.
La iniciativa se presenta como una respuesta a una realidad alarmante: más de la mitad de quienes rentan lo hacen sin ningún tipo de contrato, lo que los deja vulnerables a abusos y conflictos que pueden culminar en costosos litigios.
Crisis en el mercado del alquiler: más de la mitad arrienda sin contrato
La situación actual del arrendamiento habitacional refleja un sistema en crisis. Aproximadamente el 30% de las familias accede a una vivienda mediante alquiler, pero más del 50% de estos contratos son informales o simplemente no existen.
La ausencia de un marco legal adecuado crea un ciclo perjudicial: inquilinos desprotegidos ante desalojos injustificados, propietarios sin seguridad ante incumplimientos y un aumento de precios impulsado por la desconfianza recíproca.
De hecho, los conflictos por arrendamiento saturaron los tribunales durante años, representando hasta el 40% de los casos civiles en algunas épocas. Las disputas se prolongan durante meses o incluso años, con costos que rondan los 28,000 pesos por juicio, una cifra inalcanzable para muchas familias de clase media y trabajadora. Mientras tanto, algunos propietarios prefieren mantener sus inmuebles vacíos antes que enfrentar la posibilidad de un conflicto judicial interminable.
Las disputas legales en materia de arrendamiento han generado un impacto significativo en la sociedad, afectando tanto a inquilinos como a propietarios. La prolongación de estos conflictos no solo incrementa los costos, sino que también afecta la estabilidad emocional de las partes involucradas.
Mediación obligatoria y contratos modelo: nuevas modificaciones para inquilinos y propietarios
La propuesta de “Ley Renta Segura” introduce mecanismos que podrían transformar radicalmente el panorama actual. Su principal modificación consiste en incorporar cláusulas de mediación y conciliación obligatorias en todos los contratos de arrendamiento, obligando a las partes a buscar soluciones dialogadas antes de acudir a los tribunales.
Además, se creará un Contrato Modelo de Arrendamiento Habitacional validado oficialmente, diseñado para proteger los derechos de ambas partes de manera equilibrada. Este documento estandarizado eliminará las cláusulas abusivas que actualmente caracterizan muchos acuerdos informales y establecerá con claridad las obligaciones y derechos de cada parte.
Esta estrategia preventiva ya demostró su efectividad: los casos de arrendamiento en disputa judicial se redujeron del 40% al 20% cuando se implementaron convenios preventivos.
Otro elemento revolucionario de la iniciativa es la creación de un registro estatal de contratos formalizados, vinculado con el Registro de Vivienda. Este sistema permitirá monitorear el mercado de alquileres, identificar prácticas abusivas y generar estadísticas confiables sobre un sector que hoy opera mayormente en las sombras. Para los inquilinos, significará mayor protección y acceso a información sobre sus derechos; para los propietarios, la posibilidad de verificar antecedentes y reducir riesgos.
La diferencia en costos es notable: resolver un conflicto mediante mediación cuesta apenas 2,600 pesos, casi 11 veces menos que un juicio tradicional.
S.A.
