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La historia comenzó con un proyecto destinado a facilitar el traslado de madera desde sectores alejados de la selva hasta los cursos de agua utilizados para transportar los troncos. Sin embargo, lo que inicialmente fue planteado como una vía de acceso terminó convirtiéndose en una carretera clandestina de 85 kilómetros construida sin las autorizaciones correspondientes.
El empresario había intentado conseguir permiso ante las autoridades de Loreto desde 2011, pero su solicitud fue rechazada porque el organismo regional no tenía atribuciones para habilitar una obra de esas características dentro de un área de bosque primario. Un año después, decidió avanzar igualmente con maquinaria pesada y comenzó a abrir el trazado sin realizar los estudios técnicos ni la evaluación ambiental exigida.
La ruta atravesó una zona protegida de la Amazonía
El camino terminó ingresando en el Parque Nacional Sierra del Divisor, ubicado en la región peruana de Loreto y protegido por su relevancia ambiental. Para construirlo fue necesario retirar grandes superficies de vegetación nativa, lo que alteró un ecosistema que hasta entonces se encontraba bajo protección estatal.
La intervención no se limitó a generar un acceso para el transporte de madera. La apertura de la vía modificó directamente el terreno y afectó un espacio donde conviven especies y paisajes considerados de especial valor para la conservación de la Amazonía.
Una vez detectada la irregularidad, la carretera fue clausurada y la maquinaria utilizada quedó inutilizada. El proyecto, que había requerido combustible, trabajadores y equipos pesados, terminó perdiendo prácticamente toda su utilidad después de la intervención de las autoridades.
La Justicia ordenó prisión y una millonaria reparación
El Poder Judicial de Loreto impuso al responsable una pena de siete años de prisión efectiva por la construcción de la vía en esas condiciones. Además, estableció una reparación civil de 350.000 soles a favor del Estado peruano, monto que en ese momento representaba alrededor de 91.000 dólares.
El costo económico se sumó así al impacto ambiental provocado por la obra. La inversión realizada para abrir los 85 kilómetros no pudo traducirse en el uso previsto de la carretera debido a su posterior clausura.
Con la maquinaria incautada e inutilizada y sin trabajos de mantenimiento, el trazado quedó expuesto a las condiciones naturales de la selva. En 2026, la Amazonía comenzó a recuperar progresivamente sectores de la antigua carretera, con vegetación que vuelve a ocupar un espacio que años atrás había sido abierto mediante maquinaria pesada.
