Lunes  30 de Diciembre de 2019

¿Quiénes y por qué matan a los líderes sociales en Colombia?

Desde noviembre de 2016, fecha en que se firmó el acuerdo de paz con las FARC, asesinaron a 777 dirigentes por motivos políticos en ese país. Los analistas denuncian ausencia del Estado.

Colombia fue noticia en 2019 a causa de las protestas sociales que dominaron la agenda latinoamericana en los últimos meses del año. Al menos 250.000 manifestantes atestaron las calles de las principales ciudades del país para mostrar su descontento con el rumbo de la economía.

Sin embargo, una serie de sucesos mucho más graves sacuden día a día ese territorio. Hechos que parecen no repercutir como deberían a la opinón pública mundial como si la historia de asesinatos por motivos políticos que se instaló allí en los últimos 50 años formaran parte del triste paisaje al que el observador se debe acostumbrar.

Desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016 entre el gobierno colombiano y el grupo guerrillero FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) fueron asesinados 777 líderes sociales, según el último informe de la organización Indepaz.

Sólo en 2019 la cifra hasta el mes de septiembre ascendió a 155 personas. Las víctimas incluyen a ex guerrilleros de las FARC, líderes políticos comunales, candidatos de diversos partidos políticos, defensores de los derechos humanos, campesinos ambientalistas, dirigentes sindicales, líderes indígenas y referentes de los movimientos de mujeres y LGTB, entre otros.

Los datos son impactantes, a pesar de que la Consejería de Derechos Humanos de la presidencia de Colombia señale que la cantidad de crímenes disminuyó desde 2018 a causa de las acciones estatales para controlarlas. Si bien es cierto que ese año la cifra de 282 crímenes marcó un pico alarmante, la situación está muy lejos de ser satisfactoria.

Ausencia del Estado

Lo primero que hay que señalar es que las zonas en que se produjeron estos hechos coinciden con las zonas de mayor desarrollo del narcotráfico y que eran terreno de operaciones de las FARC, principalmente en los departamentos del Cauca, Nariño y Antioquía. Desde el gobierno ponen el foco en 170 municipios donde el impacto del conflicto armado fue mayor.

Según el consejero de Derechos Humanos estatal, Francisco Barbosa, “estos crímenes ocurren en municipios con alta presencia de grupos armados, donde hay luchas por el control de las rutas de narcotráfico. Zonas con aumento de cultivos de coca y al mismo tiempo minería ilegal”. Pero, señala, "no podemos hablar de un plan sistemático, ni de una política de exterminio". Los asesinatos, dice, se producen por diferentes motivos ligados al crimen organizado.

Sin embargo, según un informe desarrollado por las organizaciones Somos Defensores, Cinep, Universidad Nacional de Colombia, Comisión Colombiana de Juristas y el portal Verdad Abierta, existen varios patrones que pueden ayudar a entender que es lo que está pasando.

Lo primero que salta a la vista es la falta de de garantías de seguridad por parte del Estado colombiano que a pesar de la ayuda internacional para la lucha contra el narcotráfico no controla los territorios en disputa. 

El informe resalta que más del 44 % de los asesinatos se realizan en las viviendas de las víctimas, lo que muestra un alto grado a premeditación y sistematicidad.

Según Camilo Bonilla, esto se demuestra porque son ataques "reiterados, continuos y planeados”. Además sostiene que “la omisión por parte del Estado también puede indicar sistematicidad”.

¿Quiénes son los responsables?

Es la pregunta que todos se hacen. Pero con respuestas aún erráticas. ¿Por qué? Porque casi el 90% de los casos queda sin esclarecer. El informe de las organizaciones sociales señala, sin embargo, que en la mayor parte de los crímenes donde hay evidencias ciertas se puede ver la mano de las organizaciones paramilitares, aunque también actúan fuerzas guerrilleras disidentes y algunos casos donde los responsables son miembros de las fuerzas públicas.

Un dato por demás revelador, según el informe, es que la abrumadora mayoría de las víctimas murieron asesinadas por sicarios, a través de armas de fuego que utilizaron municiones salidas de una misma fábrica.

El por qué de tanto asesinato también tiene respuestas diversas. Sin embargo, el patrón es claro. Son personajes que denuncian y molestan en la disputa política por el control del territorio y de los negocios en esas zonas.

Uno de los puntos centrales se centra en los esfuerzos de los diferentes líderes sociales por encontrar una solución a las dificultades económicas que sufren los habitantes de esos parajes.

Son regiones principalmente campesinas que se dedican en gran parte al cultivo de drogas. En una importante región del Cauca, por ejemplo, existen -según Indepaz- cerca de 15.000 parcelas dedicadas a la producción de marihuana. Los problemas derivados de la ilegalidad y la clandestinidad saltan a la vista. Uno de ellos es la disputa por el control de las rutas de comercialización.

Pero, además, cuando los referentes sociales pelean por cambiar la lógica de estos negocios, que incluyen tanto la legalización de los cultivos, como una reconversión, se topan con la resistencia de aquellos que manejan los hilos de esta economía no oficial.

Finalmente, la investigación pone la llaga sobre la estrategia utilizada por el Estado y denuncian la "ausencia de un compromiso serio por poner fin al conflicto armado" y para "desmontar las estructuras paramilitares", evidenciada en la falta de estrategias eficaces para someterlas a la justicia. También denuncian la ausencia de una "depuración de la fuerza pública y otras entidades estatales que han colaborado con ellas".
 

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