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Esta semana, se dio a conocer un proyecto de ley que podría declarar a internet como un servicio público esencial. Fue presentado por Alfredo Luenzo, el senador del Frente de Todos que representa la provincia de Chubut.
En agosto del año pasado, el Gobierno decretó por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia 690 que las empresas prestadoras de servicios de telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, no podrían disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a los usuarios y las usuarias y aquellas quedaban obligadas, en caso de falta de pago, a mantener un servicio reducido.
En esta línea, recientemente, Alberto Fernández, en el marco de la presentación del nuevo plan Argentina Programa que busca capacitar 60.000 argentinos, adelantó que podrían hacer de internet un servicio público.
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"Se enojan porque dije que Internet es un servicio público, que se enojen, vamos a hacerlo un servicio público para que llegue a los argentinos y argentinas y para que no nos estafen y nos roben con las tarifas", sostuvo el Presidente.
De acuerdo a un informe de la Cámara Argentina de Internet (Cabase), el 32% de los hogares en la Argentina no cuenta con conectividad fija a internet.
En este contexto, Luenzo, el senador de Chubut, asegura que el proyecto de Ley respaldará el DNU 690. "Capital Federal vive una situación natural en su realidad con internet, pero esta no es la realidad que tiene el interior, donde el mercado no lo puede resolver. La conectividad es el eje central de nuestras vidas", argumentó.
El proyecto, además, buscará que el precio del servicio sea justo y gratuito en el caso de ser contenidos vinculados a la educación, salud, entre otros para lograr "la inclusión social" de la mayor cantidad de personas a lo largo y ancho del territorio argentino.
Qué piensan las empresas del sector sobre el DNU
Cuando el Gobierno declaró a "servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia" a la telefonía celular y fija, internet y la televisión paga y suspendió "cualquier aumento de precios o modificación de los mismos" durante 2020, se generó un descontento generalizado en el sector.
En diálogo con Infotechnology, fuentes de Telecom oportunamente dijeron que atravesaron un período de incertidumbre. "Cambiaron drásticamente las reglas de juego del sector al encuadrarlo como servicio público ‘en competencia'. Estas medidas intervienen en la gestión y eliminan incentivos para la necesaria innovación. Debemos dar un salto evolutivo hacia el 5G", agregan.
"La situación de las empresas de internet frente a la pandemia lo comparo con un tenedor libre. La gente que tiene un restaurante le pone un precio fijo y único para todos. Lo que hace es calcular cuántas señoras y señores mayores entran. Siempre alguno que come un poco más entra. La pandemia es como si hubiese entrado un equipo de rugby todo el tiempo a nuestro restaurante. Acá todos empezaron a comer como la primera línea de los Pumas. Los costos y nuestra situación sigue siendo la misma. Ahora tenemos una situación más compleja: el Gobierno nos dice que el costo del cubierto no lo podemos aumentar. Hoy, nos dejaron aumentar un 5%. 'Pero la gente come el doble por la pandemia', decimos nosotros. El Gobierno nos responde que es un problema de los dueños del tenedor libre", reflexiona Patricio Seoane, gerente de Internet Services SA.
"El país necesita políticas públicas que contemplen cómo hacer más eficiente y económico el despliegue de redes, cómo lograr una política tributaria equitativa y razonable, y cómo planificar el otorgamiento de espectro en el marco de una economía digital en desarrollo", concluye Movistar.
