Lo que para muchos podría parecer un “golpe de suerte”, para la Justicia argentina es un delito o, al menos, una obligación de restitución inmediata. Una empleada del Instituto Provincial de Viviendas y Urbanismo (IPVU) de la provincia de Neuquén protagonizó un caso que hoy sirve de advertencia para todos los usuarios de servicios bancarios: tras recibir por error 4 millones de pesos en su cuenta sueldo, decidió no devolverlos y utilizarlos para fines personales. Hoy, la mujer enfrenta un fallo que la obliga a devolver la suma total más intereses, luego de que el juez Martín Peliquero determinara que no existía ninguna “causa jurídica” que respaldara ese incremento en su patrimonio. Todo comenzó con una falla en la Dirección de Tesorería del organismo provincial. Debido a una semejanza de nombres, un operador transfirió los fondos a la cuenta de la demandada en lugar de al destinatario correcto. Cuando el IPVU detectó el error e intentó contactarla, la respuesta de la empleada fue evasiva. Primero alegó estar “ocupada” y luego esgrimió una defensa que no convenció a los magistrados: aseguró que pensó que el dinero provenía de un juicio laboral que tenía pendiente y que, ante la duda, lo utilizó rápidamente para comprar un terreno. El caso tuvo dos etapas que es importante distinguir para entender cómo funciona la ley en Argentina: Este instituto jurídico establece que quien se enriquece a expensas de otro sin un motivo legal (como un contrato, una herencia o una donación) debe restituir el valor. Para el juez, el hecho de que la mujer supiera de la transferencia y realizara movimientos posteriores confirmó su voluntad de retener lo que no era suyo. El caso de la empleada del IPVU no es aislado. Con el auge de las transferencias por CBU/CVU y billeteras virtuales como Mercado Pago o Modo, los errores son frecuentes. Pero, atención: devolver el dinero de forma manual puede ser peligroso. El tributarista Sebastián Domínguez advirtió recientemente sobre una modalidad de estafa conocida como “Triangulación”. A pesar de que la empleada intentó pedir una reducción de intereses alegando que su situación económica era precaria (especialmente tras ser exonerada de su cargo), el magistrado mantuvo la firmeza del fallo. La “avivada” de usar fondos públicos transferidos por error terminó costándole mucho más que los 4 millones originales: ahora deberá enfrentar las costas del juicio, los intereses acumulados y la pérdida de su estabilidad laboral. La justicia argentina vuelve a marcar un precedente: el dinero digital siempre deja huella y la “buena fe” se prueba con acciones, no con silencios.