En esta noticia
El Régimen Penal Juvenil establece un sistema específico para adolescentes de entre 14 y 17 años que sean imputados por delitos contemplados en el Código Penal o en leyes penales especiales.
La Ley 27.801 contempla distintas sanciones, entre ellas penas privativas de la libertad, aunque la prisión no se aplica automáticamente ante cualquier delito y existen condiciones específicas para determinar la pena.
Desde qué edad se puede juzgar a un adolescente
El nuevo régimen alcanza a las personas adolescentes desde los 14 años hasta las cero horas del día en que cumplen 18 años, siempre tomando como referencia la edad que tenían al momento de cometer el hecho.
La ley establece que el régimen se aplica cuando son imputadas por un delito previsto en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten posteriormente.
Qué penas pueden recibir los adolescentes de 14 a 17 años
La nueva normativa no establece que todos los adolescentes condenados deban cumplir una pena de prisión.
Cabe recordar que el juez puede aplicar diferentes sanciones teniendo en cuenta las características del caso.
Entre las penas previstas se encuentran:
- Amonestación.
- Prohibición de acercarse o contactarse con la víctima.
- Prohibición de conducir determinados vehículos.
- Prohibición de concurrir a determinados lugares.
- Prohibición de salir del país o de una zona determinada.
- Prestación de servicios a la comunidad.
- Monitoreo electrónico.
- Reparación integral del daño.
- Penas privativas de la libertad.
Cuándo puede aplicarse una pena de prisión
La privación de la libertad es una de las sanciones contempladas por la ley, pero no funciona como una consecuencia automática para todos los delitos cometidos por adolescentes de 14 a 17 años.
El régimen establece reglas específicas según la pena prevista para el delito y las circunstancias del caso.
Por ejemplo, cuando la pena correspondiente es de hasta tres años, debe reemplazarse la prisión por una de las sanciones alternativas cuando se cumplen las condiciones establecidas por la normativa.
Cuando la pena supera los tres años y llega hasta diez años, también puede reemplazarse la privación de la libertad en determinados supuestos, entre ellos cuando no existió muerte ni grave violencia física o psíquica y el adolescente no registra determinadas condenas o procesos firmes.
Qué delitos pueden llevar a un adolescente a prisión
La ley no establece una lista cerrada de delitos que automáticamente impliquen prisión para una persona de 14 a 17 años.
El régimen se aplica a los adolescentes imputados por delitos previstos en el Código Penal y en las leyes penales especiales, pero la sanción debe determinarse de acuerdo con la pena correspondiente y las reglas específicas del Régimen Penal Juvenil.
Por eso, delitos graves como un homicidio u otros hechos con penas elevadas pueden quedar dentro del régimen, pero la existencia del delito por sí sola no significa que el adolescente vaya automáticamente a una cárcel.
Cómo se cumple una pena privativa de la libertad
Cuando corresponde una pena de este tipo, la Ley 27.801 contempla tres modalidades de cumplimiento:
- Privación de la libertad en el domicilio.
- Privación de la libertad en un instituto abierto.
- Privación de la libertad en un instituto especializado de detención.
La decisión debe ser adoptada por un juez o tribunal mediante una resolución fundada, donde se expliquen los motivos de la privación de la libertad y se determine el lugar de cumplimiento.
Además, la normativa establece que las penas privativas de libertad deben estar acompañadas por medidas destinadas a la educación, el trabajo, la conciencia sobre la gravedad del hecho y la resocialización del adolescente.
Cuántos años puede estar preso un menor de 18 años
El Régimen Penal Juvenil prohíbe la prisión y la reclusión perpetua para los adolescentes alcanzados por la normativa.
El plazo máximo de las penas privativas de la libertad es de 15 años, incluso cuando la escala penal sea superior como consecuencia de la concurrencia real de varios hechos independientes.
La ley también contempla una posibilidad de modificación del modo de cumplimiento una vez alcanzados los dos tercios de la pena, siempre que se cumplan las condiciones previstas y exista el dictamen pericial favorable, la conformidad del Ministerio Público Fiscal y la opinión de la víctima.
Durante todo el régimen se mantienen garantías como el derecho de defensa, el debido proceso, la presunción de inocencia, la reserva del proceso y la protección de los derechos de las víctimas.