El inicio del ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires trajo consigo una de las transformaciones más drásticas en la dinámica escolar de los últimos años. A partir de esta semana, entró en plena vigencia la normativa que restringe el uso de teléfonos móviles y otros dispositivos con pantalla en las escuelas primarias, una medida que impacta de forma directa sobre más de 1,5 millones de alumnos de instituciones de gestión estatal y privada. El nuevo esquema regulatorio forma parte de la Ley 15.534, sancionada por la Legislatura provincial en septiembre del año pasado y reglamentada durante el verano. El proyecto, que logró amplio consenso en el recinto, fue impulsado originalmente por los senadores Emmanuel González Santalla, representante de Unión por la Patria, y Lorena Mandagarán, del partido GEN, con el propósito de ordenar el entorno educativo frente a la penetración tecnológica. La letra chica de la disposición establece un cerrojo estricto durante toda la jornada escolar. Los estudiantes tienen permitido ingresar a los establecimientos con sus dispositivos por cuestiones de seguridad o logística familiar, pero los equipos deberán permanecer apagados y guardados en las mochilas en todo momento. La prohibición no solo abarca las horas cátedra, sino que se extiende también a los recreos y espacios comunes. La única vía habilitada para encender una pantalla dentro del edificio escolar es la autorización expresa del personal docente. Los maestros mantienen la potestad de integrar los teléfonos o las tabletas a la currícula, siempre y cuando su utilización responda a un fin estrictamente pedagógico y sea planificado previamente como una herramienta de aprendizaje. Los fundamentos que apalancaron la sanción de esta ley se apoyan en datos estadísticos sobre el rendimiento académico y la falta de atención. Según los reportes debatidos en la Legislatura bonaerense, el 54% de los alumnos reconoce que el celular representa un factor de distracción dentro de la clase. A esto se le suma el diagnóstico de las recientes pruebas Aprender, las cuales evidenciaron que más de la mitad de los estudiantes no logra superar el nivel básico en Matemática. El impacto negativo también encuentra sustento en las evaluaciones internacionales. Los últimos resultados de las pruebas PISA arrojaron que el 46% de los chicos se desconcentra debido al uso de los dispositivos por parte de sus propios compañeros, posicionando al país con uno de los índices de dispersión más altos. Frente a este escenario, el objetivo central de la normativa es recomponer la concentración y mejorar la convivencia escolar. Más allá de la veda en los pupitres, el articulado de la nueva ley obliga al Estado provincial a desplegar campañas de concientización sostenidas en el tiempo. Estas acciones de difusión, dirigidas tanto al sistema educativo como a la sociedad en general, buscarán advertir sobre los daños cognitivos y psicológicos que genera la exposición excesiva a las pantallas durante la infancia. Con esta implementación operativa en más de 11.000 colegios, el territorio bonaerense se acopla a una tendencia regulatoria que ya avanza a nivel regional y global. La decisión sigue los pasos de distritos locales como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Salta y Neuquén, y se alinea con las políticas restrictivas aplicadas en países como Francia, Alemania, Noruega, China y Brasil, marcando un punto de inflexión en la relación entre la tecnología y la educación temprana.