En esta noticia
- Preocupación por la contaminación de los contenedores
- También cuestionan las dimensiones de los contenedores
- Los arquitectos cuestionan que no hayan participado en el debate
- Qué piden los colegios profesionales
- El debate por el costo de las viviendas con contenedores
- Una práctica que ya se desarrolla en Mar del Plata
El Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires solicitó al intendente de General Pueyrredon, Agustín Neme, que no promulgue la ordenanza que habilita y regula el uso de contenedores marítimos reutilizados para viviendas, comercios y otros usos.
La presentación fue realizada por Diego Domingorena, quien planteó que la normativa debería ser revisada con la participación de los colegios profesionales, universidades y organismos técnicos vinculados con la construcción y el hábitat.
El planteo de los profesionales no busca eliminar la posibilidad de utilizar contenedores como espacios habitables, sino establecer una regulación que contemple las características particulares de este sistema constructivo.
La intención es que el Ejecutivo vete la ordenanza para que regrese al Concejo Deliberante y pueda ser analizada nuevamente con aportes técnicos. Desde el sector consideran que debería existir una normativa específica para los contenedores destinados a viviendas, comercios y otras actividades.
A su vez, proponen que la regulación contemple otros sistemas constructivos que tampoco cuentan con una normativa específica, como las casas modulares.
Preocupación por la contaminación de los contenedores
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la trazabilidad y descontaminación de los contenedores marítimos antes de destinarlos a la construcción.
Los profesionales advierten que estos recipientes pueden haber sido utilizados para transportar agroquímicos, sustancias tóxicas y otros productos, además de haber recibido tratamientos de fumigación destinados a evitar el traslado de plagas entre distintos países.
Por este motivo, consideran necesario establecer controles que permitan conocer el uso previo de cada contenedor y exigir una certificación que garantice su descontaminación antes de que sea utilizado como espacio habitable.
También cuestionan las dimensiones de los contenedores
Otro de los puntos observados por el Colegio de Arquitectura está relacionado con las dimensiones de los módulos.
Los contenedores suelen tener un ancho aproximado de 2,35 metros. Sin embargo, al incorporar los materiales necesarios para garantizar el aislamiento térmico y acústico, el espacio interior disponible se reduce todavía más.
Según el análisis realizado por los profesionales, el ancho útil podría quedar aproximadamente entre 2,20 y 2,15 metros, una medida que, según sostienen, podría entrar en contradicción con las disposiciones del Reglamento General de Construcciones.
También cuestionan que la ordenanza establezca una categoría amplia de “otros usos” sin diferenciar las condiciones y exigencias que deberían aplicarse a cada actividad. No es lo mismo, señalan, utilizar un contenedor como oficina que destinarlo a una actividad comercial o a otro establecimiento de mayor complejidad.
Los arquitectos cuestionan que no hayan participado en el debate
Otro de los reclamos apunta a la falta de participación de los colegios profesionales y organismos especializados durante el tratamiento de la ordenanza.
Según plantearon, los profesionales tomaron conocimiento de la normativa una vez que había sido aprobada y no participaron de su elaboración. Tampoco habrían sido convocadas áreas técnicas de universidades u otras instituciones especializadas.
A partir del análisis del texto aprobado, detectaron posibles inconsistencias técnicas, normativas y jurídicas, entre ellas una eventual superposición con el Reglamento General de Construcciones y cuestiones vinculadas con la consideración de los contenedores dentro del Código Civil.
Qué piden los colegios profesionales
Los profesionales solicitaron que el Ejecutivo utilice la facultad de veto dentro del plazo legal y que la ordenanza vuelva al Concejo Deliberante para un nuevo tratamiento.
Como alternativa, plantearon un veto parcial de los artículos 2°, 3° y 8°, que consideran especialmente problemáticos.
El objetivo es que la discusión continúe y que la normativa pueda ser modificada a partir de los aportes de especialistas. En ese sentido, el Colegio de Arquitectura sostiene que una regulación adecuada permitiría ordenar una práctica constructiva que ya existe y que podría extenderse en los próximos años.
El debate por el costo de las viviendas con contenedores
La discusión también alcanza al costo de este tipo de construcciones. Aunque los contenedores suelen asociarse con una alternativa económica frente a la construcción tradicional, los profesionales cuestionan que necesariamente representen un ahorro una vez que se incorporan todos los materiales y trabajos necesarios para convertirlos en espacios habitables.
En particular, señalan que el acondicionamiento térmico y acústico, las instalaciones y las modificaciones necesarias pueden elevar considerablemente el precio final.
También comparan esta alternativa con sistemas como steel frame y wood frame, que pueden ofrecer mayores posibilidades de diseño, superficie y confort.
Una práctica que ya se desarrolla en Mar del Plata
Los arquitectos también advierten sobre el crecimiento de la informalidad en el uso de contenedores, especialmente en determinados sectores de la zona sur de Mar del Plata.
La preocupación radica en que una persona pueda adquirir un contenedor, trasladarlo hasta un terreno y colocarlo mediante una grúa sin contar necesariamente con los controles profesionales y técnicos que garanticen que la estructura sea segura y apta para ser habitada.
Por eso, el reclamo apunta a establecer requisitos sanitarios, constructivos y de seguridad que permitan regular la actividad sin prohibirla.
Mientras continúa el plazo para que el Ejecutivo municipal defina si promulga o veta la normativa, los colegios profesionales esperan una respuesta y sostienen que el debate debería regresar al Concejo Deliberante para incorporar la mirada de los especialistas.
