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El Gobierno nacional busca acelerar en el Senado el tratamiento de la denominada ley de “inviolabilidad de la propiedad privada”, una reforma que podría agilizar significativamente los desalojos de viviendas ocupadas y reducir los tiempos judiciales para recuperar inmuebles tomados. Tras intensas negociaciones en comisión, el oficialismo intentará, en el día de hoy, obtener dictamen para llevar el proyecto al recinto y avanzar con su votación.
La iniciativa, impulsada por la administración de Javier Milei, apunta a fortalecer las herramientas legales para propietarios frente a ocupaciones ilegales, usurpaciones y conflictos de tenencia. Entre otros cambios, propone mecanismos judiciales más rápidos para recuperar propiedades y reducir demoras en procesos de desalojo.
Qué cambia con los desalojos rápidos
Uno de los principales cambios del proyecto es la incorporación de procedimientos sumarísimos para acelerar la restitución de propiedades ocupadas.
Según la iniciativa:
- Se reducirán plazos judiciales.
- Habrá menos margen para demoras procesales.
- Se facilitará la recuperación del inmueble.
- Y podrían agilizarse las órdenes de restitución.
Actualmente, muchos desalojos pueden extenderse durante años entre apelaciones, notificaciones y trámites judiciales. El nuevo esquema busca reducir esos tiempos y acelerar la respuesta de la Justicia.
La medida que favorece a propietarios
El texto también amplía las posibilidades de iniciar acciones judiciales rápidas ante:
- Usurpaciones.
- Ocupaciones irregulares.
- Intrusiones.
- Conflictos sobre tenencia de inmuebles.
Además, incorpora herramientas como:
- Notificaciones digitales.
- Mecanismos abreviados.
- Procesos judiciales simplificados.
- Y mayor rapidez en actuaciones vinculadas con propiedades tomadas.
Desde sectores inmobiliarios sostienen que el objetivo es reforzar la seguridad jurídica y evitar que propietarios deban atravesar procesos extremadamente largos para recuperar una vivienda ocupada.
Qué dicen desde el Gobierno
El oficialismo sostiene que la reforma busca “proteger el derecho de propiedad” y acelerar mecanismos judiciales frente a ocupaciones ilegales.
En paralelo, durante los últimos meses crecieron distintos operativos de desalojo y controles vinculados con tomas de terrenos y viviendas en distintas provincias del país, especialmente en conflictos donde intervino la Justicia federal o fuerzas de seguridad provinciales.
Por qué el proyecto genera debate
Mientras cámaras inmobiliarias y asociaciones de propietarios respaldan la iniciativa, organizaciones sociales e inquilinos manifestaron preocupación por el impacto que podrían tener los desalojos más rápidos sobre familias en situación vulnerable.
Aun así, el Gobierno mantiene el foco en endurecer las políticas vinculadas con ocupaciones ilegales y acelerar la recuperación de propiedades privadas mediante cambios procesales y judiciales.
