En todo caso, la pregunta estaba en el aire y uno logró articularla: “¿Pero quién nos vendió este optimismo?”. El mercado, en efecto, no contaba en sus planes con este resultado, aún cuando hoy los abogados se encargan de recordar que la Argentina nunca logró establecer que se trataba de un caso federal que justificara su aceptación (más allá de un cambio de estrategia tardío en el último escrito presentado por la defensa argentina). “Esto es como en las corridas, nunca se sabe bien dónde empiezan”, le contestaron.

“Acá, de mínima, volvemos a enero”, resumió un economista en referencia al espacio enorme de incertidumbre que se abre con este revés, parecido al que precedió y se disparó con el salto devaluatorio de comienzos de año. “Esto es de mínima, si toman el camino más racional”, insistía, horas antes del mensaje de la presidenta.

La salida más racional, concordaban los hombres de la City, sería sentarse a negociar para evitar pagar el 100% y lograr que parte del desembolso se realice con bonos. “Pero este Gobierno es pura víscera”, advertían. De lo contrario, si bien el pago de fines de junio por unos u$s 230 millones podría salvarse, la hora de la verdad llegaría con un vencimiento casi simbólico por menos de u$s 70 millones.

Pagar, por supuesto, también acarrearía sus riesgos. “La sentencia de Griesa fue salvaje. Ordenó pagar cuatro veces el nominal. Así que estamos hablando de sentencias por unos u$s 15.000 millones del resto de los holdouts”, opinaba ayer un hombre del mercado. Es el riesgo de los “me too”, los que a partir de un arreglo, puedan decir “yo también quiero cobrar”. Pero claro, ahí empezarían a correr nuevamente los tiempos judiciales hasta que obtengan sus sentencias.

No habría ola de litigios por parte de los acreedores que aceptaron el canje, ya que según aclaran por estas horas los expertos, la cláusula RUFO (que evita ofrecer mejores condiciones a los holdouts en detrimento de los bonistas) sólo los ampara si la Argentina actúa en forma “voluntaria” y no, como es el caso, en acatamiento de una orden de la Justicia.

Todos coincidían ayer que la alternativa del cambio de domicilio no es tan sencilla como puede parecer a primera vista. “Es muy difícil de orquestar sin la ayuda de los agentes intermediarios. Y además, hay grandes fondos que por estatuto no podrían aceptar las nuevas condiciones de pago”, razonaban. Y claro, un cambio de jurisdicción sería en sí mismo un default.

Lo que queda claro, apuntaban ayer, es que la regulación que fijó un tope a la tasa de los créditos se convierte en una medida completamente sobrepasada por la realidad. “Lo que cabe esperar ahora es un reacción defensiva de los bancos, que suban la tasa de los depósitos para cuidar la liquidez. Como mínimo, van a volver atrás con la baja que habían instrumentado para recuperar spread luego del tope a los créditos”.

Para el Gobierno, el mensaje también parece claro: se dio por ganada una batalla antes de tiempo. Confiados en la paz cambiaria que supieron forjar después de enero, impusieron una baja de tasas y buscaron enfocarse nuevamente en el crecimiento, cuando hoy el escenario los pone otra vez frente a la necesidad de cuidar las reservas y por ende, asegurarse de que las tasas no lancen al ahorrista a los brazos del dólar.