El escándalo financiero de la Ballena de Londres, que alguna vez el presidente y CEO de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, minimizó como una tormenta en un vaso de agua, le costará al mayor banco estadounidense unos u$s 920 millones.
La multa, anunciada ayer por agencias reguladoras de Estados Unidos y Gran Bretaña, atañe a las imputaciones sobre controles deficientes de riesgo por parte del banco, cuando el año pasado un equipo de operadores realizó una compleja apuesta de derivados que generó pérdidas por u$s 6.000 millones.
Se cree que Bruno Iksilque, en ese entonces trader de la entidad financiera con sede en Londres, fue el responsable de la errada operación y recibió el apodo de Ballena de Londres por la masiva posición de trading de su equipo. A JPMorgan se le acusó por una mala gestión de los controles de riesgo y de no haber informado a los reguladores de las deficiencias en el manejo de operaciones arriesgadas identificadas por la administración del banco.
Así, los montos a los que deberá hacer frente el banco incluyen u$s 300 millones para la Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos, u$s 200 millones para la Reserva Federal, u$s 200 millones para la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) y u$s 219,74 millones para la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido.
La suma total que debe enfrenar la entidad es una de las mayores jamás pagadas por un banco, pero está lejos de los u$s 1.290 millones que HSBC acordó desembolsar el año pasado por acusaciones de lavado de dinero.
Las multas son determinadas por las leyes que definen cuánto puede cobrar cada agencia por cada violación, lo que después se ajusta a través de negociaciones entre los reguladores y el banco.
Aunque JPMorgan celebró el acuerdo al declarar que significa un importante paso en los actuales esfuerzos de la firma por dejar atrás estos asuntos, el pago de la multa deja sin resolver otros asuntos, que contribuyeron a elevar los costos legales del banco en u$s 5.000 millones al año y socavaron la posición de Dimon en su cargo. Al revelar la pérdida en mayo de 2012, Dimon admitió que el banco había cometido un error estúpido. No obstante, el empresario conservó sus dos cargos a pesar de que los accionistas intentaron separar estas dos funciones tras la pérdida.
Sin embargo, su bonificación fue reducida a raíz de la pérdida, mientras que Ina Drew, directora de inversiones de la firma, dejó el banco.
La compañía continúa enfrentando una investigación criminal de fiscales estadounidenses por la debacle de los derivados, pese a la insistencia pública de Dimon, quien asegura que ningún ejecutivo del banco ofreció deliberadamente información errónea a inversores.
La empresa recibió una notificación legal de que el personal de otro regulador, la Comisión de Operaciones de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos, planea recomendar y aplicar acciones contra el banco por sus transacciones de derivados.
