Luis de Guindos, ministro de Economía de España, fue uno de los cuatro miembros del gabinete que la semana pasada tuvo la desagradable tarea de decirles a sus compatriotas que el nuevo gobierno planea aumentar inmediatamente los impuestos, pese a sus promesas previas de no hacerlo.

De Guindos, un economista de 51 años que fue el titular de Lehman Brothers para España y Portugal hasta el colapso de 2008, parecía estar chupando limones cuando dio a conocer el viernes la sorpresiva decisión.

Pero ahora ve una oportunidad. Los gobiernos regionales autónomos son responsables de la mayor parte del aumento del déficit del presupuesto del sector público, y Madrid les echa la culpa por los aumentos de emergencia en los impuestos.

El gobierno central se prepara para aplicar normas legales para controlar el gasto de las regiones tras años de escrutinio laxo. En marzo, una nueva ley “establecerá estrictos instrumentos de control sobre los presupuestos de las autonomías”, dijo De Guindos ayer en una entrevista concedida al Financial Times, que es la primera a un medio internacional desde que se hizo cargo de su cartera.

“Habrá controles a priori. Antes de aprobar el presupuesto los ministros necesitarán obtener luz verde del gobierno central”, agregó De Guindos.

Los déficits en algunas de las 17 regiones, especialmente Cataluña y Valencia, las han vuelto más vulnerables al instinto centralista del gobierno del Partido Popular. Funcionarios informaron que, en los últimos días, Valencia pudo devolver los 123 millones de euros (u$s 159.170) que le debía a Deutsche Bank gracias a la ayuda del gobierno central.

“Las dificultades de liquidez son en realidad una oportunidad para imponer duras medidas y condiciones para controlar los déficits de las autonomías”, comentó De Guindos.

Ciertamente, un chaleco de fuerza financiero impuesto por el gobierno central será resistido por los dirigentes de Cataluña, que es una economía del tamaño de la de Portugal. Sin embargo, estas medidas son sólo una parte de la agenda de reforma económica que el ministro describió como “agresiva”, y que el gobierno quiere implantar en sus primeros 100 días.

Mariano Rajoy, el primer ministro del PP que desplazó a los socialistas en noviembre, ha dicho que mantiene el compromiso de España de recortar este año su déficit presupuestario a 4,4% del PBI, como acordó con la Unión Europea. Los economistas dicen que esta es una meta difícil, dado que se espera que el déficit de 2011 llegue a 8,2% del PBI, en vez de a 6%. Además, el propio PBI se achicaría en 2012.

De Guindos espera que la planeada reforma del sistema bancario no requiera fondos del Tesoro: en lugar de crear un banco malo financiado por el Estado para absorber activos inmobiliarios devaluados, quiere que los bancos comerciales y las cajas encuentren previsiones extra por 50.000 millones de euros para que los activos tengan un nivel más realista en sus libros.

La pregunta más difícil es cómo puede el gobierno promover el crecimiento y el empleo. Una respuesta es la reforma laboral. La idea es que las compañías, que deben despedir personal si quieren ajustarse a la caída en la demanda, ya no estén obligadas a cumplir inflexibles negociaciones colectivas.