Erik Seiersen maneja una nueva crisis todos los días. "He trabajado en México desde 1990 y nunca he visto este nivel de volatilidad e inseguridad", dice el director británico de la empresa de bebidas alcohólicas Diageo, quien además es el presidente de la comisión de vinos y licores del país.

En casi todos los frentes, 2017 fue un año catastrófico en lo concerniente al crimen en México. Octubre fue el mes con mayor cantidad de asesinatos en 20 años, con más de 2371 homicidios según datos oficiales. El nivel de delincuencias en casi todas las categorías está subiendo. Sólo disminuyeron los robos de bancos y de ganado.

Algunos crímenes fueron especialmente espeluznantes: el doceavo periodista asesinado en 2017 fue balaceado en la obra de Navidad de la escuela de su hijo; en noviembre, una hielera con dos cabezas decapitadas fue depositada en una estación de televisión.

Conforme se extendió la crisis de seguridad más allá de las regiones controladas por los narcotraficantes a casi todos los estados del país, los legisladores autorizaron la práctica de larga data de la intervención de las fuerzas armadas para combatir el crimen en la controvertida Ley de Seguridad Interior. Algunos críticos, incluyendo a Zeid Raad al Hussein, el director de derechos humanos de la ONU, han dicho que la ley es ambigua y que puede abrir las puertas al abuso.

Para Seiersen y otros líderes empresariales que utilizan las carreteras y las redes ferroviarias para transportar mercancías con valor de millones de dólares cada día, la crisis de seguridad es una pesadilla logística y un golpe costoso a sus inversiones en la segunda economía más importante de América Latina.

Se volvió demasiado arriesgado trasladar mercancías por ferrocarril cuando los ladrones detienen cargas de alcohol, televisores, iPhones y otros bienes de consumo de alto valor y levantan barricadas para mantener a raya a la policía. Muchas empresas cambiaron a mitad de año al transporte por carretera en camiones para intentar trasladar sus productos al mercado de forma segura, pero a un mayor costo, incluyendo los pagos de elevadas primas de seguros.

En noviembre, a medida que las carreteras principales se volvieron intransitables, las empresas volvieron a transportar sus productos por ferrocarril. Pero los analistas no ven medidas significativas en el horizonte para combatir la crisis del crimen, ya que los políticos se están concentrando en las elecciones presidenciales de julio y en las duras negociaciones para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Parte del problema es la policía. Los agentes están mal pagados, y así vulnerables al soborno, y están abrumados por la crisis de seguridad.

Cuando se reveló el papel de la corrupta policía municipal en la desaparición de 43 estudiantes en 2014, colocando a las inadecuadas fuerzas policiales de México bajo un intenso escrutinio, el gobierno de Enrique Peña Nieto prometió reformar el sistema. Pero se hizo muy poco al respecto.

La Fuerza Civil, una rara historia de éxito policial en la región comercial de Nuevo León, en el norte de México, recientemente "ha padecido de mucha deserción y un progresivo debilitamiento. Los niveles de violencia han comenzado a aumentar nuevamente", dice Enrique Guerrero, un analista de seguridad. "Es trágico".

La nueva Ley de Seguridad Interior se aprobó para proporcionar un marco para el papel del ejército en los deberes de la policía. Pero como señala Eunice Rendón, una ex funcionaria del gobierno y coordinadora de Red Viral, una ONG, "en 28 de los 32 estados, ya hay alguna forma de presencia militar. Esto es anormal en cualquier democracia".

La ola de crímenes de México y los impresionantes niveles de impunidad son importantes temas electorales presidenciales conforme el ex ministro de Hacienda José Antonio Meade busca derrotar al izquierdista Andrés Manuel López Obrador.

"Queremos invertir en México", dijo Seiersen. "Pero este nivel de inseguridad es inaudito. La gente va a perder interés en invertir en México".