Temor. Enojo. Desconfianza. Eso es lo que sienten los ciudadanos de la Unión Europea (UE) que viven y trabajan en el Reino Unido frente a la noticia de que su derecho a permanecer en Gran Bretaña pos Brexit podría ser la moneda de cambio del futuro primer ministro.

El martes me llamó por teléfono un amigo que tiene su propia firma en la City. Ambos nos mudamos a Londres hace 20 años; él venía de Munich y yo del interior del país. Ya deprimido por el resultado del referéndum, ahora entró en pánico.

"El sonido que se escucha es el formulario de 85 páginas de solicitud de residencia permanente en el Reino Unido imprimiéndose", me dijo. "Ya no confío en nadie. Están jugando con nuestras vidas", agregó. Mi amigo alemán no es el único que necesita un nuevo cartucho de toner.
En el último giro que dio la carrera por el liderazgo de los tories, la Secretaria del Interior y candidata favorita Theresa May se negó a garantizar explícitamente el status de los millones de europeos que viven en Gran Bretaña.

Si bien desde entonces suavizó su postura, diciendo que pueden quedarse siempre que los 1,2 millones de británicos que viven en la UE reciban el mismo tratamiento, la declaración de May dejó lugar a dudas.

Su postura recibió críticas no sólo de sus rivales en la carrera por el liderazgo, sino también de miembros del parlamento (MP) de todo el espectro político, incluyendo al Partido de la lndependencia del Reino Unido y a Andy Burnham del Partido Laborista (cuya esposa es holandesa). Acusaron al gobierno de "resquebrajar la vida familiar en nuestro país".

Aunque parece altamente improbable que haya una deportación masiva de millones de ciudadanos de la UE, ya preocupa porque los comunitarios quieren proteger su medio de vida.
Mi amigo alemán ya gastó 195 libras en el canon para presentar las solicitudes de residencia permanente ante el Ministerio del Interior para él, su esposa y su hijo.

Uno podría pensar que ésa es una reacción extrema definitivamente escuché diferentes argumentos legales sobre si es necesario hacerlo pero es la única opción que él siente que le dará a su familia tranquilidad financiera.

El formulario de 85 páginas requiere mucha información. Él y su esposa cumplen con los criterios básicos de haber vivido en el Reino Unido cinco años o más, pero deben brindar datos de anteriores empleos (incluso el salario), sus recursos financieros, y un registro de todos los días que estuvieron "fuera de Gran Bretaña". En resumen, una pesadilla burocrática.

Otra amiga, esta vez francesa, está pensando en preparar la misma solicitud "para proteger mi vida acá". Trabajó en una compañía británica y paga su propio plan de retiro. Hasta ahora, pensaba que contaba con un buen plan financiero para el largo plazo.
Por supuesto que podría vender todo y mudarse a Francia (u otro país de la UE) como cualquier otro ciudadano comunitario, pero sus activos y ahorros están nominados en libras, y no necesito contar lo que ha pasado con la valuación de esa moneda.

A mi amigo alemán también le preocupan sus chances de obtener un préstamo comercial si hay un signo de interrogación sobre su derecho a permanecer.
Los asesores financieros quedaron atrapados en el mismo estado de incertidumbre. Con los que hablé, me dijeron que la amenaza al status de los ciudadanos comunitarios no es más que una "postura política" pero temen que si continúa, puedan cuestionarse los contratos legales vigentes.
Sin embargo, también creen que los europeos que viven en Gran Bretaña con empleos bien pagos y activos son los que menos deben preocuparse, a diferencia de aquellos que dependen de los beneficios sociales.

Preguntamos en el Ministerio del Interior si habían advertido un incremento en la cantidad de descargas del formulario de solicitud de residencia. Pero también estaban en un estado de incertidumbre.