Financial Times: el populismo de las pensiones amenaza a las economías andinas

El ejemplo más reciente es Perú, donde por la crisis del coronavirus, los legisladores ya aprobaron dos veces en este 2020 que los peruanos retiran anticipadamente sus ahorros de las administradoras privadas.

Manuel Merino duró menos de seis días como presidente interino de Perú. Nombrado por el Congreso después de que los legisladores impugnaron a su popular predecesor Martín Vizcarra, el caótico mandato de Merino terminó en ignominia después de que implementó una represión policial en contra de manifestantes que costó dos vidas y forzó su renuncia.

Una de sus últimas acciones fue promulgar un proyecto de ley que permitió que los peruanos retiraran anticipadamente los ahorros de pensiones. Es la segunda vez que los legisladores aprobaron tal medida este año.

Los peruanos merecen la ayuda de su gobierno. La nación andina tiene la segunda cifra de muertes por coronavirus per cápita más alta del mundo y está sufriendo una de las peores recesiones entre los mercados emergentes, después de que un prolongado confinamiento nacional paralizó la economía pero no logró evitar un aumento en las infecciones.

Permitir que los ciudadanos retiren anticipadamente parte de sus ahorros de pensiones no es la respuesta. Perú ha más que cuadriplicado su PBI este siglo y una de las historias de éxito que ha sido la base de su economía fuerte y estable ha sido el sistema de pensiones privado. Esto permite que los ciudadanos acumulen ahorros para la jubilación en cuentas individuales gestionadas por administradores profesionales. El sistema se inspiró en el de su vecino Chile, que fue pionero en un sistema de pensiones privado en la década de 1980; Colombia y México han utilizado variantes del mismo modelo.

Además de aliviar la presión a largo plazo sobre las finanzas estatales y darles a los ciudadanos más control sobre su futuro financiero, los sistemas de pensiones privados han sido fundamentales para construir grandes fondos de capital local que los gobiernos pueden aprovechar mediante emisiones de bonos. Los sistemas estatales en Brasil y Argentina son un testimonio de los peligros de depender principalmente del gobierno para financiar los beneficios de pensiones; ambos países han sufrido repetidas crisis fiscales causadas en parte por promesas inasequibles de pensiones.

Los modelos de pensiones privadas que se utilizan en los Andes pueden y deben mejorarse. En países con altos niveles de trabajo informal, como Perú, muchos trabajadores entran y salen del empleo formal y no pueden acumular ahorros adecuados, o ningún ahorro en absoluto. Incluso para aquellos con largas carreras asalariadas, los niveles de las contribuciones no son lo suficientemente altos. La red de seguridad del gobierno de Perú para los ancianos empobrecidos es inadecuada. Un pequeño número de administradoras de fondos de pensiones domina el mercado en Perú y Colombia.

Ninguno de estos problemas se resolverá al permitir retiros anticipados de ahorros. Los legisladores peruanos han escuchado a sus corazones populistas en lugar de a sus cabezas financieras al permitir que los ciudadanos saquen sus fondos de pensiones por segunda vez este año. El primer retiro llevó a que se fueran alrededor de u$s 4000 millones del sistema, que tenía alrededor de u$s 43.000 mil millones en activos bajo administración; el costo del segundo podría ser similar.

El populismo de las pensiones de Perú se hace eco de movimientos similares a través de la frontera en Chile, donde el Congreso se encuentra en las etapas finales de aprobar una segunda redada en los ahorros de pensiones. La industria de los fondos de pensiones señala que los retiros repetidos amenazan con deshacer todo el sistema, un objetivo explícito de algunos miembros de la izquierda política que nunca han apoyado las pensiones privadas y ahora están presionando para que la legislación consagre un papel dominante para el Estado.

Los sistemas privados de pensiones de América Latina merecen reformas cuidadosas y enfocadas, en lugar de una muerte lenta. Sobornar a los ciudadanos con su propio dinero no es la respuesta.

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