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El despliegue organizativo para las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo ya tiene una cifra definitiva. El coste estimado del proceso superará los 26 millones de euros, un montante que engloba desde las subvenciones directas a las formaciones políticas hasta los contratos logísticos de la Junta, el personal de seguridad y el dispositivo necesario para las mesas electorales.
Esta cifra refleja no solo la complejidad técnica de la cita, sino también la actualización de costes derivada de la inflación y el aumento del censo, que cuenta con 170.000 nuevos electores llamados a las urnas respecto a la última convocatoria.
Dentro de este presupuesto, la Junta de Andalucía distribuirá 12 millones de euros entre las distintas fuerzas políticas. Este reparto se calcula en función de los resultados obtenidos en los comicios de 2022 y el volumen actual del electorado.
La normativa vigente establece que la mitad de ese importe debe destinarse estrictamente al gasto electoral, que incluye campañas publicitarias y actos públicos. Para este 2026, el tope máximo de gasto permitido por cada partido se ha fijado en 4,3 millones de euros, una cifra que limita la capacidad de maniobra financiera de las grandes coaliciones para garantizar la equidad en la contienda.
Actualización por IPC y límites de gasto por provincias
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ratificó recientemente una actualización en el límite de gasto permitido, elevándolo un 14% respecto a los datos de 2022. Este incremento es el resultado directo de aplicar el IPC acumulado entre marzo de aquel año y febrero de 2026, ajustando la capacidad de gasto de los partidos a la realidad económica actual.
Para determinar el tope exacto de cada formación en las diferentes circunscripciones, la ley aplica un multiplicador de 0,5030 por el número de habitantes de derecho de cada zona, lo que genera una distribución desigual del presupuesto según la densidad poblacional.
Bajo este criterio, Sevilla y Málaga concentran el mayor volumen de inversión permitida, con 994.241 euros y 900.919 euros respectivamente. Les siguen Cádiz, con un límite superior a los 632.000 euros, y Granada, que roza los 474.000 euros.
En el tramo intermedio se sitúan Almería y Córdoba, ambas en el entorno de los 389.000 euros, mientras que Jaén y Huelva cierran el desglose provincial con límites de 310.000 y 269.000 euros cada una. Además de estas cifras, los partidos percibirán 25.684 euros por cada escaño conseguido y casi un euro adicional por cada voto válido, siempre que logren representación parlamentaria.
Logística, ciberseguridad y el coste de la jornada electoral
Más allá de la propaganda, el Gobierno andaluz ha reservado una partida de 14,4 millones de euros para asegurar el funcionamiento operativo de la jornada. Este bloque presupuestario se destina a la planificación de contratos logísticos esenciales, como la fabricación de urnas y papeletas, así como al diseño del dispositivo tecnológico para la transmisión de datos.
Un aspecto clave en esta edición es el refuerzo de la ciberseguridad y el control de la información, ante las nuevas necesidades de blindaje del sistema de escrutinio frente a posibles interferencias externas.
La otra mitad del gasto operativo se consume en el capital humano necesario para que los colegios electorales funcionen correctamente. Esto incluye el pago a los miembros de las juntas electorales, al personal administrativo de la Junta y las compensaciones económicas para los ciudadanos que integren las mesas.
En cuanto a la difusión de resultados, los concursos públicos ya abiertos ascienden a 7 millones de euros, de los cuales la gran mayoría se destina específicamente al procesamiento y publicación de los datos en tiempo real. Pese al elevado coste, el Gobierno andaluz defiende que estas cifras son una estimación necesaria para garantizar un proceso con plenas garantías democráticas y total transparencia informativa.