Los ayuntamientos han reclamado al Gobierno una financiación adicional para hacer frente al proceso de regularización extraordinaria de migrantes, después de que en solo una semana se hayan superado las 130.000 solicitudes en todo el país. La petición llega en pleno incremento de la carga administrativa y social que deben asumir los municipios. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) considera que los consistorios necesitan recursos urgentes para responder a una situación que afecta de forma directa a servicios sociales, atención ciudadana y gestión documental. Desde la organización recuerdan que muchas oficinas locales trabajan ya al límite. La FEMP trasladó esta demanda al Ejecutivo en una reunión entre su secretario general, Luis Martínez-Sicluna, y la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela. Allí reclamó una financiación extraordinaria y lamentó que no se hayan previsto refuerzos específicos para las entidades locales en esta fase del proceso. Martínez-Sicluna subrayó que la regularización supone para los servicios sociales municipales una “carga de trabajo excepcional concentrada en un corto espacio de tiempo”. También recordó que las oficinas de extranjería de la Administración General del Estado sí han contado con apoyo adicional de empresas públicas como Tragsa y Correos. La Federación añade que ya advirtió de estas dificultades en las alegaciones presentadas en febrero, antes de la aprobación del real decreto que puso en marcha el procedimiento. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones informó este viernes de que más de 130.000 personas ya han solicitado la regularización extraordinaria durante la primera semana del plazo oficial. A esa cifra se suman 55.000 citas ya asignadas hasta el próximo 30 de abril. El departamento que dirige Elma Saiz asegura que el proceso se desarrolla con normalidad y que está cumpliendo las previsiones iniciales. Además, defendió el papel del Registro de Entidades Colaboradoras en Materia de Extranjería (RECEX), clave para acreditar situaciones de vulnerabilidad y aliviar parte del trabajo municipal. Según el ministerio, ya hay más de 300 entidades registradas en todo el territorio. Gobierno y FEMP también se emplazaron a firmar un convenio para reforzar la cooperación técnica, mejorar el intercambio de información y resolver dudas sobre los trámites. El debate sobre la regularización coincide con un contexto europeo marcado por la presión migratoria y la gestión del asilo. Según Eurostat, los países de la Unión Europea concedieron protección a 361.325 solicitantes de asilo en 2025, un 18 % menos que en 2024. En ese escenario, España fue el segundo país con más protecciones aprobadas, con 76.210 resoluciones favorables, lo que representa el 21 % del total comunitario, solo por detrás de Alemania. La presión sobre ayuntamientos y comunidades autónomas crece al mismo ritmo que aumentan los procedimientos administrativos. Por eso, los municipios insisten en que sin recursos extra será difícil sostener una respuesta rápida y eficaz en las próximas semanas.