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El rey de España, Felipe VI, sancionó este martes la reforma constitucional que permitirá a la isla de Formentera contar con un senador propio a partir de las próximas elecciones generales. Hasta ahora, la representación en la Cámara Alta se compartía con Ibiza dentro de la misma circunscripción electoral.
La firma de la modificación del artículo 69.3 de la Constitución se realizó en el Palacio de la Zarzuela y contó con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, además de autoridades institucionales como Francina Armengol, Pedro Rollán y Cándido Conde-Pumpido.
La reforma había sido aprobada de manera definitiva el pasado 22 de abril en el Senado con 258 votos a favor y solo dos en contra, correspondientes a Vox. El cambio se convirtió así en la cuarta modificación de la Constitución española desde su aprobación en 1978.
¿Qué cambia con la nueva reforma constitucional?
La modificación permitirá que Formentera deje de compartir representación con Ibiza en el Senado y pase a tener un parlamentario propio. El cambio se formalizó mediante una alteración mínima en el texto constitucional, aunque con fuerte impacto institucional para la isla balear.
Tras la entrada en vigor de la reforma, prevista para el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, quedará pendiente la adaptación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Esa modificación incorporará oficialmente a Formentera como circunscripción electoral independiente para el Senado.
El texto legal reemplazará el actual formato “Ibiza-Formentera” por “Ibiza, Formentera”, una variación simbólica que consolidará la autonomía representativa de la menor de las Islas Baleares en la Cámara Alta.
¿Cuáles fueron las anteriores reformas de la Constitución española?
La reforma vinculada a Formentera se convirtió en la cuarta modificación de la Constitución española desde 1978. La primera se produjo en 1992 para permitir el sufragio pasivo de ciudadanos europeos en elecciones municipales.
La segunda reforma llegó en 2011, durante la crisis financiera internacional, cuando se incorporó el límite al déficit estructural del Estado y de las administraciones públicas. Aquella modificación generó un fuerte debate político y económico en España.
La tercera actualización constitucional se aprobó en 2024 y estuvo centrada en la sustitución del término “disminuidos” por una formulación vinculada a los derechos de las personas con discapacidad, en línea con estándares internacionales de inclusión y derechos humanos.
