Cambia la ley de discapacidad: el Gobierno anunció que la última reforma asegura nuevas ayudas para este sector de la población
Una transformación legislativa que amplía derechos y mejora prestaciones para las personas con discapacidad en España.
El Gobierno de España ha aprobado recientemente una reforma integral de las leyes de dependencia y discapacidad. Esta iniciativa busca no solo actualizar las ayudas económicas, sino también eliminar barreras administrativas y promover una mayor accesibilidad.
Entre las modificaciones más destacadas se encuentran el reconocimiento automático de ciertos grados de discapacidad, la flexibilización en la combinación de prestaciones y la implementación de medidas para garantizar entornos más accesibles.
Actualización de las cuantías en las ayudas económicas
La reforma establece nuevas cuantías para las principales prestaciones económicas vinculadas a la dependencia.
Prestación Económica Vinculada al Servicio (PEVS)
Destinada a cubrir costes de servicios cuando no es posible acceder a recursos públicos o concertados. Las cuantías máximas mensuales son:
Grado III: 747,25 euros.
Grado II: 445,30 euros.
Grado I: 313,50 euros.
Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF)
Dirigida a quienes reciben cuidados en su domicilio por parte de familiares. Las cuantías máximas mensuales son:
Grado III: 455,40 euros.
Grado II: 315,90 euros.
Grado I: 180 euros.
Prestación Económica de Asistencia Personal (PEAP)
Orientada a fomentar la autonomía mediante la contratación de un asistente personal. Las cuantías máximas mensuales son:
Grado III: 747,25 euros.
Grado II: 747,25 euros.
Grado I: 313,50 euros.
Esta nueva legislación introduce cambios significativos que impactarán positivamente en la calidad de vida de este sector de la población.
Eliminación de incompatibilidades y reconocimiento automático de discapacidad
Una de las medidas más relevantes es la supresión del régimen de incompatibilidades en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Esto permitirá que los beneficiarios puedan combinar diferentes servicios y prestaciones económicas según sus necesidades individuales, sin tener que elegir entre ellos.
Además, se establece el reconocimiento automático de un grado de discapacidad del 33% a todas las personas que tengan reconocido cualquier grado de dependencia. Esta medida facilita el acceso a diversos beneficios y recursos adicionales, agilizando los trámites administrativos y reduciendo la burocracia para los afectados.
Mejoras en accesibilidad y derechos fundamentales
La reforma también pone un énfasis especial en la accesibilidad universal. Se propone modificar la Ley de Propiedad Horizontal para que las obras destinadas a garantizar la movilidad de las personas con discapacidad sean consideradas obligatorias en las comunidades de vecinos.
Esto busca evitar situaciones de aislamiento o institucionalización forzosa, permitiendo que las personas con discapacidad puedan vivir de manera más independiente y digna.
Asimismo, se prohíbe cualquier tipo de discriminación de las personas con discapacidad a la hora de contratar seguros relacionados con la salud y vida, asegurando que tengan las mismas condiciones que cualquier otra persona.