

La Confederación Europea de Sindicatos solicitó este miércoles a la Comisión Europea que avance en una legislación específica sobre el teletrabajo, luego de que el Ejecutivo comunitario promoviera su expansión como una forma de reducir el consumo energético ante la posible prolongación del conflicto en Oriente Medio.
“Si bien esta llamada puede ayudar a reducir el consumo de energía, no debe venir a costa de los derechos de los trabajadores o trasladar los costes a trabajadores que ya están cargando con el grueso del aumento de los precios de la energía”, advirtió la organización sindical en un comunicado.

Las medidas que impulsa Bruselas para ahorrar energía
El reclamo se produce un día después de que el comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, presentara a los Estados miembros de la Unión Europea una batería de iniciativas destinadas a recortar el uso de combustibles fósiles.
Entre ellas, propuso incrementar el teletrabajo cuando sea viable, reducir los límites de velocidad en autopistas, promover el uso del transporte público y limitar los viajes en avión, entre otras acciones.
La reacción de los sindicatos
En este contexto, los sindicatos instaron a la Comisión Europea a concluir el marco normativo sobre el teletrabajo, con especial énfasis en la protección del derecho a la desconexión. Además, reclamaron que la futura Ley de Empleo de Calidad que prepara Bruselas incorpore disposiciones claras en esta materia.
Según señalaron, dicha legislación debería garantizar el derecho, ya reconocido, de los trabajadores a no ser contactados fuera del horario laboral acordado.
¿Qué piden los sindicatos?
Asimismo, subrayaron que los empleadores deben asumir todos los costes asociados al teletrabajo, como el equipamiento, el ‘software’, la energía, la conexión a Internet, la formación y otros gastos vinculados, tal como indicaron en el comunicado.
Los representantes sindicales también exigieron que los trabajadores conserven el derecho a disponer de un puesto de trabajo en las instalaciones de la empresa.
Al mismo tiempo, reclamaron que quienes teletrabajan cuenten con los mismos derechos que el resto en materia de salarios, salud y seguridad laboral, desarrollo profesional y participación sindical. Advirtieron, además, sobre el riesgo de que el teletrabajo refuerce la carga de cuidados sobre las mujeres o genere aislamiento en los colectivos más vulnerables.
Riesgos para la salud del teletrabajo no regulado
En este sentido, recordaron que datos de la Comisión Europea muestran que las personas que teletrabajan enfrentan mayores riesgos para su salud mental y física. Además, según un estudio de Eurofound, tienen cuatro veces más probabilidades de trabajar durante su tiempo libre en comparación con quienes desempeñan sus tareas de forma presencial en las instalaciones del empleador.
“Ningún trabajador tendría que pagar el coste de hacer su trabajo desde casa. Es adecuado que gobiernos y empleadores trabajen para ahorrar energía y controlar los precios, pero los empleadores tienen que cubrir todos los costes relacionados”, afirmó la secretaria general de la Confederación, Esther Lynch.
No repetir los errores de la pandemia
Lynch también instó a la Comisión a “asegurar que no se repitan los errores” cometidos durante la pandemia, periodo que, según expresó, “mostró los peligros del teletrabajo no regulado” para la salud mental. En ese sentido, pidió establecer normas claras y “de sentido común” para esta modalidad laboral.
Actualmente, la Unión Europea no dispone de una legislación común y específica sobre el teletrabajo. Por ello, esta modalidad se rige por distintas normativas europeas —como las relativas al tiempo de trabajo o a la seguridad laboral— y por las leyes nacionales de cada Estado miembro.
Los próximos pasos de la UE
Bruselas llevó adelante el año pasado una consulta con los agentes sociales para preparar una eventual legislación sobre el teletrabajo y el derecho a la desconexión.
Además, prevé incluir disposiciones relacionadas en su futura Ley de Empleo de Calidad, cuya propuesta se espera para finales de año, aunque las competencias centrales en materia laboral continúan en manos de los países miembros.
Fuente: EFE.











