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Un día después de la huelga general por la vivienda y los salarios, las cargas policiales registradas durante la jornada han abierto un nuevo frente político para el Gobierno. Mientras el Ejecutivo ha anunciado una investigación sobre la actuación de los agentes, sus socios parlamentarios exigen la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el PP da la protesta por fracasada.
La huelga de este miércoles 11 de noviembre, impulsada por el Sindicato de Inquilinas con el apoyo de CCOO y UGT, terminó con un centenar de detenidos en toda España. También hubo episodios de tensión en ciudades como Madrid y Barcelona, donde los sindicatos denunciaron el uso de gas pimienta y la presencia de agentes sin identificación visible.
El Gobierno anuncia una investigación sobre las cargas policiales
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, aseguró este jueves que el Ejecutivo no va a quedarse “impasible” ante lo ocurrido. En una entrevista en RTVE retomada por la agencia EFE, recordó que Grande-Marlaska ha ordenado al director general de la Policía investigar todas las actuaciones policiales de la jornada.
“Es un Gobierno que no permanece impasible ante unas imágenes indudablemente que desagradan y que no me gustan”, afirmó Saiz, que insistió en la importancia de la proporcionalidad en la labor policial. Preguntada por qué algunos agentes no llevaban visible su número de identificación, respondió que se trataba de “cuestiones operativas” que desconocía, por lo que la investigación deberá aclararlo.
Los socios del Gobierno piden la dimisión de Marlaska
La promesa de investigar no ha frenado las críticas de los socios del Gobierno. La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, reclamó la salida del ministro: “No nos representa, debería dar explicaciones lo primero y dimitir lo segundo”. En su opinión, la actuación policial no fue un hecho aislado de uno o dos agentes, sino colectiva, por lo que exige explicaciones y “probablemente la asunción de responsabilidades políticas”.
A esa petición se sumaron el candidato de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, que pidió a Pedro Sánchez que destituya al ministro, y el diputado de Compromís Alberto Ibáñez. “Si no puede controlar a la policía es evidente que no puede ser ministro”, afirmó este último.
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, también exigió la dimisión de Marlaska y denunció el uso de gas pimienta y las “identificaciones masivas” en movilizaciones pacíficas. Desde ERC, Gabriel Rufián calificó de “excesivas” tanto las acciones violentas al final de la manifestación de Barcelona como la respuesta policial, y recordó que su partido ya había pedido antes la salida del ministro por otros motivos.
El PSOE descarta la salida del ministro
Frente a esa presión, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, dejó claro que su partido no contempla la dimisión de Grande-Marlaska. Según explicó, el ministro ya ha encargado una investigación, y con sus resultados “se tomarán las decisiones que haya que tomar”.
López distinguió entre dos tipos de incidentes. Por un lado, los de Barcelona, donde, según dijo, algunos encapuchados intentaron extender la violencia tras una manifestación pacífica, algo que “hay que perseguir con todas las consecuencias incluso penales”. Por otro, las imágenes de Madrid, que no les gustaron, aunque recordó que el ministro ha prohibido el uso de gas pimienta en este tipo de manifestaciones.
El PP da la huelga por fracasada
Desde la oposición, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, aseguró en Telecinco que “es evidente que la huelga ha sido un fracaso”, porque, a su juicio, no estaba pensada para atender los problemas reales de los trabajadores.
Muñoz criticó además los “momentos de violencia” registrados durante la jornada. Según dijo, existe el derecho a huelga, pero también el derecho a trabajar, y “no puede ser” que haya quien use la violencia para impedirlo.
Choque por los insultos a los sindicatos
El Gobierno y el PSOE también respondieron a las críticas de PP y Vox contra los sindicatos. Saiz condenó la violencia, que “no tiene cabida de ninguna manera”, pero también la que calificó de “violencia verbal” de dirigentes de ambos partidos, que se refirieron a los sindicatos como “mafia sindical”, “basura sindical” o “apesebrados”. “Exijo respeto a los sindicatos”, subrayó.
Patxi López fue más allá y aseguró que, si PP y Vox consideran que reclamar una vivienda digna, mejores salarios y servicios sociales es ir contra ellos, es porque si gobiernan “no van a defender todos estos derechos”. A su juicio, esas críticas demuestran que ambos partidos están “muy nerviosos” porque sus perspectivas electorales empeoran.
La polémica coincidió con la votación en la Diputación Permanente del Congreso, que este jueves convalidó el decreto de vivienda del Gobierno, aunque rechazó el de renovación automática de los alquileres. Con la campaña a punto de arrancar, la vivienda y la actuación policial se perfilan como dos de los grandes asuntos rumbo al 29N.
