

La Organización de Consumidores y Usuarios(OCU) ha publicado un informe en el que criticó la nueva modificación de la ley 12/2023, de 24 de mayo, y alertó a los usuarios sobre los cambios que realiza en el pago de los alquileres.
El documento publicado en la página oficial de la organización señaló que dicha normativa "favorece cierta oscuridad" para modificar el artículo 17 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y limita el abono en efectivo del alquiler, algo que afecta a muchos inquilinos.

La crítica de la OCU por limitar el pago en efectivo de los alquileres
La OCU explicó que la nueva normativa obliga a los inquilinos el pago de la renta con tarjetas o medios electrónicos y, solo en casos excepcionales en los que alguna de las partes no está bancarizada, permite que los inquilinos paguen con dinero en efectivo.
Además, señalaron que un estudio del Banco de España reveló que el 82% de la población utiliza los billetes y las monedas para sus operaciones comerciales diarias.
Por otro lado, la OCU subrayó que la modificación "entra en conflicto" con la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios por la "negativa a aceptar el pago en efectivo como medio de pago dentro de los límites establecidos por la normativa tributaria y de prevención y lucha contra el fraude fiscal".
La organización también explicó que este cambio en los alquileres entraría en conflicto con el artículo 1170 del Código Civil que permite "el pago de las deudas con la moneda de curso legal".

¿A quiénes afecta la nueva modificación en el pago de alquileres?
"Esta medida discrimina a las personas en una situación más vulnerable y con menor capacidad digital", señaló la OCU y advirtió que "podría discriminar a 1.400.000 personas que se encuentran en riesgo de exclusión financiera".
Para finalizar, el organismo de defensa ciudadana afirmó que se trata de una medida que "atenta de pleno contra la libertad de elección del consumidor, no dándose razones de interés público que justifiquen la misma". Además, comentó que han presentado un pedido a las autoridades ministeriales para que remedien a la brevedad "la prohibición instaurada".













