OPINIÓN

Una previsible decisión ajustada al derecho, no un golpe de Estado

Era previsible que la Corte Suprema de Justicia hiciera lugar al reclamo de la Ciudad de Buenos Aires. El derecho y la política no siempre van de la mano, pero afortunadamente en esta ocasión la Corte ha hecho prevalecer al primero.

El fallo del máximo tribunal tiene algunos aspectos que son importantes para destacar. En primer lugar, ha puesto a la Ciudad a la altura de una provincia en cuanto a su status institucional, aunque ya la había adelantado al aceptar intervenir en forma directa y exclusiva en la acción iniciada por Horacio Rodríguez Larreta, tal como corresponde cuando una provincia es parte en un juicio.

Una vez equiparada con las provincias, la Corte se dedicó a profundizar la autonomía de las unidades federativas en cuanto a la potestad que tienen de decidir en materia de educación y sanitaria. En este sentido, ha sido importante el voto de Lorenzetti y Rosatti, quienes consideraron que si bien ambas potestades son concurrentes entre Nación y autoridades locales, deben prevalecer las decisiones de estas últimas, por cuanto las provincias anteceden al gobierno nacional y tienen poderes originarios que deben prevalecer por sobre las facultades de aquel, a las que corresponde interpretar restrictivamente en caso de conflicto.

La Corte ha entendido que no le corresponde evaluar el contenido de las decisiones sanitarias adoptadas por las autoridades, sean éstas nacionales o locales, constituyendo ello el producto de decisiones políticas que no son evaluables judicialmente. Sin embargo los jueces han considerado que sí les corresponde intervenir para salvaguardar la vigencia de la Constitución en cuanto al reparto de atribuciones entre el Gobierno y las unidades federativas. Pues al hacerlo han advertido que, con el dictado del decreto 241/21, Alberto Fernández violentó dicha coordinación de atribuciones constitucionales.

Así, la Corte consideró que dicho decreto es inconstitucional, pero como su vigencia ha concluido el 30 de abril pasado, no lo declaró formalmente contrario a la ley Suprema. Se trató de una sentencia cuyo objetivo fue establecer parámetros y criterios a seguir por parte de las autoridades, aunque ya está vigente el nuevo decreto, que no ha sido judicializado aún.

La Corte ha dejado sentada su postura respecto de cuáles son las potestades que, en materia educativa y sanitaria, se reparten entre las autoridades nacionales. Obviamente que esto no impedirá que puedan cometerse futuras inconstitucionalidades similares a la del decreto cuestionado por Rodríguez Larreta, pero al menos ya está el antecedente que se aplicará en eventuales conflictos judiciales que pudieran presentarse

Así funciona el Estado de Derecho en una República, muy a pesar del escandaloso mensaje escrito en Twitter por la Vicepresidenta, en el que tuvo la osadía de comparar a una sentencia adversa al Gobierno con un golpe de Estado. Cristina Fernández considera que cuando un funcionario es elegido por el pueblo, puede pisotear a la ley fundamental sin que juez alguno pueda subsanarlo. Pues aunque ella sostenga lo contrario, la legitimidad democrática de origen jamás está por sobre los postulados constitucionales, cuya salvaguarda queda siempre, en última instancia, en manos de la Corte Suprema, que es la que tiene la última palabra en materia de interpretación constitucional.

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